El PP exige apartar al ex alto cargo del Gobierno que tiene que calificar la ley de amnistía de Sánchez

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido apartar al letrado mayor de las Cortes y secretario general del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo, ya que consideran que no es una persona imparcial «para llevar a cabo la propuesta técnica de calificación de la proposición de ley orgánica de amnistía».

En el escrito remitido por los populares a la Mesa del Parlamento, al que ha tenido acceso en primicia El Debate, se destaca que «Galindo fue, primero, director general de Cooperación Autonómica y Local y luego subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta el 31 de octubre de 2023, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso». Un perfil que, a juicio de la oposición, resulta incompatible con la neutralidad que se exige del máximo responsable jurídico del hemiciclo.

Así las cosas, desde el PP han presentado una solicitud de recusación argumentando que «Galindo era miembro de un Ministerio del Gobierno que ha participado en la elaboración de la proposición que la Mesa debe calificar, ya que el propio ministro Bolaños reconoció que se trataba de un proyecto de ley que se iba a vehiculizar a través de una proposición de ley; lo que significa que el texto ha sido elaborado y redactado desde el Gobierno o por lo menos que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento este».

Además, reclaman que se suspenda el trámite parlamentario de la ley amnistía hasta que «se resuelva la revocación y se acuerde, en su caso, la sustitución del recusado».

En este sentido, el Grupo Popular considera que «es más que probable» que Galindo «sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos; por lo que queda inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo». «Fernando Galindo está casado con quien ha sido directora general de Relaciones con las Cortes hasta el pasado 30 de octubre», han agregado desde el PP.

Igualmente, los 'populares' destacan que si se mantiene a Galindo «según la Ley de Altos Cargos, puede generar una responsabilidad que se materializa en el ámbito disciplinario, por resultar constitutiva de falta disciplinaria muy grave llevando aparejada la sanción de separación, suspensión o traslado forzoso del puesto».

«El Grupo Popular recuerda que en 23 de marzo de 2021 el anterior secretario general del Congreso presentó un dictamen técnico a la proposición de ley de amnistía presentada por ERC y el Grupo Plural, que desestimaba su calificación por entrar en una contradicción palmaria y evidente con la Constitución», zanja el escrito del PP.