Fernando Grande-Marlaska durante la entrega de las medallas al Mérito de la Seguridad Vial
Los guardias civiles y policías coinciden en rechazar la renovación de Marlaska si no hay un «cambio de rumbo»
Todos coinciden en que el ministro todavía no se ha sentado con los representantes de los agentes en cinco años que lleva en el cargo
Eran muchos los rumores, y las quinielas, que apuntaban a que, con la nueva legislatura, se produciría un relevo en la dirección del Ministerio del Interior ya que las polémicas que han rodeado los cinco años que Fernando Grande-Marlaska ha estado al frente han desgastado enormemente su figura y, sobre todo, el ánimo de los principales trabajadores del Ministerio, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Por eso, la renovación de Marlaska en el cargo ha sentado como un jarro de agua fría en ambos cuerpos. De hecho, las principales organizaciones representativas de estos funcionarios han mostrado su «incertidumbre» ante la presencia del ministro que tiene que poner en práctica los acuerdos pactados entre Pedro Sánchez y los independentistas.
A las críticas acerca de la falta de interlocución con el ministro de quien dicen que nunca en los cinco años que lleva al frente de la cartera se ha reunido con los interlocutores de los agentes de policía.
Así pues, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) reclama que lo haga de forma inmediata para abordar una Ley de Retribuciones, como se pactó en el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, para evitar las diferencias con policías autonómicas.
A esta petición que puede calificarse ya de histórica por las tres décadas que llevan pidiéndola, se suman otras peticiones más específicas de los últimos acuerdos firmados por Pedro Sánchez y los independentistas. Así, desde el SUP «»Le instamos a que frene la esquizofrénica decisión de ceder Vía Layetana a quienes calumnian a la Policía", ha añadido en referencia a que el Gobierno en esta legislatura acepte que la sede de la Jefatura Superior en Barcelona, lugar de los disturbios al conocerse en 2019 la sentencia del 'procés', pase a ser un museo de la memoria de los represaliados del franquismo, como piden los partidos independentistas.
«Tiene la oportunidad en esta nueva etapa de revertir la inoperancia de la anterior, la cual calificamos de negativa», ha añadido este sindicato, que pide que atienda sus demandas en cuestiones como los dispositivos desplegados por la llegada de pateras a Canarias.
Jubilación digna
El sindicato Jupol rechaza por insuficiente el acuerdo de equiparación salarial que destinó 800 millones de euros a la mejora salarial de policías y guardias civiles y, como otras organizaciones, reclama una «jubilación digna» y ser reconocidos como profesión de riesgo, así como cambios en la jornada laboral.
La Confederación Española de Policías (CEP) también ha criticado que continúe en Interior Grande-Marlaska, al que califican de «superviviente». «Nada esperamos de quien nada ha impulsado en estos años para mejorar los derechos profesionales de los policías», ha indicado.
Peticiones de la Guardia Civil
También desde las asociaciones de guardias civiles rechazan la renovación de Marlaska y algunas como Jucil han subrayado que defenderán «con todos los recursos y siempre dentro de la ley y el respeto a la Constitución» la estabilidad laboral y social de los guardias civiles y sus familias. Su portavoz fue recientemente expedientado, junto a dos miembros de APROGC, por las críticas vertidas a la ley de amnistía.
Jucil ve con «incertidumbre» los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez «ante la posible salida de la Guardia Civil de Cataluña y del País Vasco». En comparación con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, sigue viendo un «retroceso» en lo referente a los sueldos y también afea que la petición de que Cataluña sea declarada Zona de Especial Singularidad haya quedado en «papel mojado».
Los guardias civiles que forman parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la «creciente involución» en los derechos de los guardias civiles y ha recordado la necesidad de cumplir íntegramente el acuerdo de equiparación salarial, así como permitir una jubilación digna, acabar con la aplicación del Código Penal Militar mientras se realizan funciones policiales o la declaración de zonas de especial singularidad, lo que implicaría incentivos.