La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
Los dos bandos en la pugna por las nuevas reglas fiscales ven insuficiente la nueva propuesta de España
La UE está dividida entre países que quieren un presupuesto más austero y los que abogan por más gasto, pero todos estuvieron de acuerdo en que la propuesta española era insuficiente
En un nuevo revés para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, su propuesta para la reforma de las reglas fiscales no ha sido bien acogida por los países miembro.
El borrador inicial, presentado el pasado jueves, no ha satisfecho a los países frugales, que abogan por una opción más austera. También los países más derrochadores, que preferirían aumentar el gasto, criticaron el borrador presentado por España, según recoge Politico.
Pero el tiempo apremia, y es crucial alcanzar un acuerdo antes de marzo para continuar ayudando a Ucrania, que sin el apoyo financiero adicional de la UE corre el riesgo de bancarrota.
Una Europa dividida
La Comisión Europea ha solicitado 66.000 millones de euros adicionales a los países de la UE para, entre otras cosas, continuar apoyando a Ucrania, cubrir los mayores tipos de interés en la deuda post-pandemia y financiar nuevos acuerdos de migración con países extranjeros.
Mientras todos los países de la UE, excepto Hungría, coinciden en la necesidad de seguir apoyando a Ucrania, varios capitales nacionales muestran reticencia a entregar dinero extra a Bruselas para otros fines. Existe una división entre los países del norte y algunos del este de Europa.
Los primeros, liderados por Alemania, desean que el ejecutivo de la UE financie sus nuevas prioridades ahorrando dinero en otras áreas del presupuesto. Mientras tanto, los países del sur prefieren adherirse a la propuesta de la Comisión.
Frente a este contexto, España propuso tres recortes de diferentes proporciones al presupuesto actual de la Comisión que ahorrarían, respectivamente, 5, 10 y 20 mil millones de euros. Sin embargo, para decepción de los países frugales, el plan español excluyó recortes al programa agrícola de la UE y a la financiación de cohesión — dos partes importantes de su presupuesto.
Según los Estados más ahorradores, la propuesta española carece de suficiente ambición. Excluye dos tercios del presupuesto del Marco Financiero Plurianual (MFP) a priori, diciendo que los fondos de cohesión y la Política Agrícola Común de la Unión Europea son intocables. Pero diplomáticos europeos critican que, si realmente hace falta ahorrar dinero, no se puede excluir una parte tan grande del MFP.
El MFP establece los límites de gasto de la UE para periodos de varios años, generalmente siete. Funciona como un presupuesto a largo plazo que determina cuánto y en qué áreas puede gastar la UE, distribuyendo recursos entre diferentes políticas y programas de la UE.
Presión para España
Países como Italia instan a los capitales nacionales a establecer prioridades dentro del presupuesto actual de la UE antes de identificar posibles recortes. Se espera que los embajadores de la UE continúen regateando sobre el asunto hasta la reunión del Consejo Europeo, a mediados de diciembre.
De esta manera, la reforma de las reglas fiscales, para actualizar las normas de disciplina presupuestaria en la Unión Europea, entra en la recta final con la mirada puesta en cerrar un acuerdo político en la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de diciembre.
La presidencia de España del Consejo Europeo ha sido criticada por dar prioridad a asuntos de índole nacional, como la incorporación del catalán, gallego y esukera en la UE, en la agenda. Por ello, la presión recae sobre el Gobierno español para apuntarse el logro de cerrar la reforma fiscal antes del fin de su presidencia.
España, responsable de forjar el acuerdo, ha planteado que inicialmente se tengan en cuenta los esfuerzos desplegados con los planes de recuperación de 2025 y 2026. La propuesta del Gobierno español aboga por un aterrizaje suave de las nuevas reglas sobre los presupuestos, manteniendo la estructura básica planteada la pasada primavera por la Comisión Europea: planes de ajuste de cuatro años de duración, ampliables hasta siete años, para los países más endeudados si se comprometen a hacer reformas e inversiones.
