El fiscal del Gobierno que se niega a defender a los fiscales del procés tampoco lo hará con el juez de Tsunami

no habrá protección para el juez instructor de Tsunami, el magistrado Manuel García-Castellón, por parte de la Fiscalía General del Estado. El fiscal confirmado por el Gobierno, Álvaro García Ortiz, considera que la solicitud de amparo formulada por el titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras ser señalado por sectores de la izquierda política y del separatismo catalán en el marco del lawfare admite «debate». Además, para García Ortiz las supuestas «expresiones difamatorias» dirigidas al magistrado como ejemplo de la «judicialización de la política» pueden ser «provocativas» pero no son merecedoras de reproche «en la vía penal».

Así consta en el documento de archivo de las diligencias de investigación abiertas en el seno del Ministerio Público, a petición del Consejo que, hace una semana, acordaba articular un expediente, que sigue su tramitación, para atender la solicitud de protección institucional formulada por el magistrado al frente de las investigaciones de la causa de Tsunami Democràtic.

En el decreto de la fiscal Ana Galdeano Santamaría al que ha tenido acceso El Debate, se reconoce el contenido de «descalificación» que conllevan las afirmaciones el, hasta ahora, número dos de Justicia, Tonxu Rodríguez, contra el juez García Castellón al que acusó de interferir en las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, con su decisión de imputar en la causa de Tsunami.

«Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...», afirmaba Rodríguez durante una entrevista de radio.

En dichas manifestaciones, sin embargo, la Fiscalía General del Estado considera que sólo se trata de «imputaciones genéricas» y que, por lo tanto, no cabe «formular una imputación por calumnia contra el denunciado». Para la fiscal que firma el decreto de archivo, no hay motivo para sancionar ni las declaraciones de Tonxu Rodríguez, ni las vertidas por la actual portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, quien subió el tono contra García Castellón, sin mencionarle, asegurando que algunos jueces «buscan no sólo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando».

La «pasividad» de García Ortiz

La «pasividad» del titular del Ministerio Público ha sido objeto de todo tipo de críticas por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) en su último Congreso extraordinario en el que, además, instaron su dimisión, antes de ser renovado en sus funciones, y cuyos seis vocales en el Consejo Fiscal han instado, hasta en dos ocasiones, un Pleno extraordinario para debatir sobre la nueva ley de amnistía y sus consecuencias. Sin embargo García Ortiz ha declinado cualquier manifestación institucional más allá de un escueto comunicado en el que aseguraba la independencia de la Fiscalía.

El argumento no parecía convencer a los cuatro fiscales del Supremo al frente de la causa del procés quienes también demandaron de García Ortiz que, «en su condición de fiscal General del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano, se pronuncie públicamente en defensa de la Institución».

Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, tampoco se quedaron cruzados de brazos ante los ataques recibidos por su papel de acusación durante el juicio del procés. Y, al igual que el instructor Manuel García-Castellón, y otros jueces y magistrados, solicitaron de su superior una defensa abierta a su trabajo en la causa contra el referéndum ilegal del 1-O. La carta remitida por los cuatro fiscales a García Ortiz, en la búsqueda de amparo, no ha tenido respuesta.

No en vano, hasta la fecha, y pese a la avalancha de reacciones del sector jurídico contra la ley de amnistía y la puerta abierta en la misma al revisionismo de la función jurisdiccional, en comisiones parlamentarias expresamente creadas para ello. la Fiscalía General del Estado es la única institución que todavía no se ha pronunciado para avalar la correcta actuación de sus miembros. A diferencia de la Sala de Gobierno del Supremo, la de la Audiencia Nacional, o las de los Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, así como la posición férrea del fiscal jefe de Cataluña con su teniente fiscal señalado por lawfare, el Ministerio Público ha pasado de puntillas.

Para la Fiscalía, a la que el CGPJ instó la actuación frente a aquellos miembros del Gobierno que señalasen a los jueces por su actuación profesional, las manifestaciones vertidas por estos responden, en todo caso, a «un debate que se encuentra en la mesa de muchas tertulias y artículos» de prensa. Y que, por lo tanto, no merecen más recorrido penal por lo que se plantea el decreto de archivo de las pesquisas iniciadas que, sin embargo, no condicionarán la continuidad de los mecanismos de protección del Consejo al juez que lo demanda.

García Ortiz «está haciendo todo tipo de méritos para asegurarse su continuidad en el cargo», apuntaban a El Debate fuentes del Consejo Fiscal horas antes de que, tras un inédito y contundente varapalo del Supremo contra su gestión –por el nombramiento de su predecesora en el cargo y amiga, Dolores Delgado, incurriendo en «desviación de poder»– fuese confirmado con el Ejecutivo para continuar al frente del Ministerio Público, durante los próximos cuatro años.