Los 18 fiscales de la Sala Penal del Supremo «decepcionados» con el fiscal general por no protegerles frente al lawfare

Un total de 18 fiscales de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo, entre los que no se encuentran los afectados directamente por haber intervenido en el juicio del procés, han mostrado su «decepción» por «la falta de voluntad» del fiscal general del Estado interino, Álvaro García Ortiz, «de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los Fiscales que intervinieron» en la causa penal contra los líderes separatistas catalanes tras el referéndum inconstitucional del 1-O y «sus derivadas».

Así se lo han hecho ver, en una carta remitida, esta misma tarde, al titular del Ministerio Público en la que han afeado su inacción pese a la solicitud de amparo registrada por sus compañeros Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza hace una semana, tras verse señalados por diferentes sectores de la izquierda política y el independentismo catalán, al hilo de las consideraciones sobre el lawfare o guerra judicial que «se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts».

«La comunicación remitida» por el García Ortiz «el 16 de noviembre a todos los miembros del Ministerio Fiscal no ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal» y «la demanda de amparo formulada por los Fiscales del procés, para sí mismos y para los fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos», denuncian en su misiva los fiscales de la máxima categoría del escalafón de la Carrera, en el Alto Tribunal.

Y es que, pese a que un total de seis vocales electos de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal instaron la semana pasada la convocatoria formal de un Pleno extraordinario para pronunciarse sobre los términos y contenido de la Proposición de Ley Orgánica de la Amnistía registrada por el grupo parlamentario socialista –que ya ha sido admitida a trámite y deliberación por la Mesa del Congreso–, García Ortiz se ha resistido a buscar una fecha. Cabe recordar que la convocatoria de dicho cónclave y la decisión de pronunciarse para prestar amparo a otros fiscales, es una competencia exclusiva del órgano colegiado y no de su presidente y fiscal general.

En el documento consignado este martes en la Fiscalía General, los 18 firmantes concluyen reflejando su expreso y público «reconocimiento y apoyo al trabajo realizado por la Fiscalía en defensa de la legalidad y del orden constitucional».