Exclusiva
Albares amenazó con vetar a Bulgaria y Rumanía en la zona Schengen si no apoyaban la inclusión del catalán
Según ha conocido El Debate, el titular de Exteriores de España presionó vía telefónica a sus homólogas de ambos países que están en la lista de espera para ser aceptados en el espacio común de defensa
La presión a la que se vio sometido el Ejecutivo español en los meses previos al acuerdo de gobierno con los separatistas catalanes llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a amenazar a Bulgaria y Rumanía con el veto a su entrada en el espacio Schengen, según ha podido conocer en exclusiva El Debate.
El ministro español chantajeó a las ministras de Exteriores de ambos países vía telefónica: Luminita-Teodora Odobescu por parte de Rumanía y la que fuera comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud hasta mayo, Mariya Gabriel, por Bulgaria.
El chantaje de los separatistas catalanes forzó que España cruzara más de una línea roja a nivel diplomático dañando nuestra imagen internacional. El ministro español usó el veto como arma arrojadiza contra las delegaciones rumana y búlgara a las que exigió el apoyo a la propuesta de las lenguas si querían seguir adelante con su entrada en el espacio de seguridad común europeo conocido como Schengen.
Según las fuentes diplomáticas consultadas, el efecto conseguido fue el contrario del que esperaba el titular español. Bulgaria y Rumanía rechazaron las presiones y se negaron a adoptar las lenguas regionales en la UE.
Las coacciones existen de varias formas, pero jugar con el espacio Schengen por la inclusión de unas lenguas regionales, tras años de larga espera, era algo que rompía el molde y traspasaba el límite de lo permitido.
El reglamento lingüístico europeo data de 1958, cuenta con 24 lenguas oficiales y su modificación requiere la unanimidad de los Veintisiete, condición clave con la que quiso jugar Albares.
Historia de un fracaso
Primero se acordó el uso de lenguas regionales en el Parlamento español en agosto y después llegó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de elevar la propuesta al Consejo Europeo con el fin de que el catalán, el vasco y el gallego se convirtieran en idiomas oficiales de la Unión Europea.
Ya en un primer encuentro la mitad de los países mostraron su rechazo a la propuesta española. Las razones no influyeron en la decisión, sino las formas y el proceso. Entendieron que todo había ocurrido demasiado rápido y que las presiones del Gobierno español no tenían sentido alguno: no había plan de trabajo, ni estudio de viabilidad ni informe económico previo.
Por otro lado, las lenguas son una caja de Pandora que nadie quiere abrir, al igual que el dar alas a los separatismos. En Europa existen en torno a 80 lenguas regionales y jugar esa carta era tomar un camino que nadie antes quiso transitar. Por otro lado, si la UE se amplía en 2030 con nueve países más se estaría hablando de una auténtica torre de Babel y se correría el riesgo de caer en la inefectividad administrativa absoulta
Fue el Ejecutivo español el que traspasó la delgada línea roja y no por propia voluntad, sino por presiones de los separatistas que no han parado de subir el listón cada vez que el PSOE cumplía con sus exigencias. Esto se ha podido apreciar con la ley de amnistía y, teniendo en cuenta las declaraciones de Puigdemont a Weber, las de Bildu y las del PNV, todo indica que seguirá siendo así durante el resto de la legislatura.
El titular de Exteriores español pasó de aplicar una política de máximos a una política de mínimos. Le valía cualquier victoria que pudiera mostrar a los actuales socios de gobierno. Para eso, rebajó las pretensiones tras el rechazo a las tres lenguas al unísono y propuso nuevamente que se incorporara en primera instancia el catalán y después las restantes.
Hipocresía
Las fuentes consultadas han resaltado un punto que solo se entiende con el paso del tiempo, y es la doble vara de medir del Gobierno en función de los intereses de turno. Cuando José Manuel Albares presionó a todo el Consejo Europeo por el tema lingüístico, y la diplomacia española en conjunto se desplegó con tal fin, no se consideró como un asunto interno por parte del Ejecutivo español.
En cambio, en cuanto PP, Vox y Ciudadanos han usado los cauces estipulados por la propia Unión para elevar a los más alto de las instituciones comunitarias el debate sobre la ley de amnistía, los socialistas y aliados sí han criticado la medida por considerarlo una injerencia en asuntos exclusivos de índole nacional.
Una presión de escaso recorrido
Las amenazas del jefe de la diplomacia española de poco o nada sirvieron con el reglamento europeo en la mano, el cual indica que solo los idiomas oficiales de algunos Estados miembros pueden ser consideras oficiales. En la UE se hablan 24 idiomas de 27 países miembros.
Este requisito ni siquiera lo cumplen las lenguas regionales al ser consideradas cooficiales sin uso en todo la extensión territorial.
Tras la negativa del Consejo, la propuesta se ha dejado morir por ambas partes. Fuentes del Consejo señalan que es algo que puede reactivarse en cualquier momento y hacerse efectivo respetando los cauces habituales.