El Congreso vive el primer martes negro de la legislatura con el avance de la amnistía y del cerco a los jueces

El elefante que Pedro Sánchez y su Gobierno pasaron varias semanas ignorando, y después justificando, entrará este martes en el hemiciclo a grandes zancadas. El primer pleno ordinario de la legislatura en el Congreso será uno de altísimo voltaje en torno a la amnistía y las comisiones de investigación exigidas por los independentistas a Pedro Sánchez como pago.

Además, servirá como preludio de un mandato en el que la coalición bailará al son de Junts y ERC -sobre todo, aunque no solo-, que a su vez se mueven en direcciones contrapuestas según se acercan las elecciones catalanas. Con una Cámara Baja presidida por una socialista a la que el PP y Vox acusan que haber convertido el Congreso en una «sucursal» del PSOE y que en su discurso del 6 de diciembre sugirió que la Constitución permite una consulta sobre el modelo territorial. Y con una Cámara Alta con mayoría absoluta de los populares, pero que no les servirá de contrapeso suficiente.

La previsión es que Sánchez saque las primeras votaciones sobre la amnistía y otros pagos por 178 votos a favor

Entre el martes y el miércoles, los diputados debatirán y aprobarán con 178 votos a favor (ésa es la previsión) la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía y tres comisiones de investigación promovidas por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras para proclamar que los jueces españoles prevarican –según ellos–. Además, las sesiones de control al Gobierno en el Senado –el martes por la tarde– y en el Congreso –el miércoles por la mañana– girarán en torno a la amnistía y las otras cesiones de Sánchez, aunque él no vaya a estar presente. Y el día 13 habrá, por último, una interpelación urgente al ministro Félix Bolaños en la Cámara Baja sobre lo mismo.

El test de estrés al Ejecutivo se iniciará este martes con el debate y votación en el Pleno de la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, que registró el grupo parlamentario socialista antes de la investidura. Que ésta vaya a ser la primera ley que se debata en esta legislatura es, de por sí, una declaración de intenciones de Sánchez, al que le gustaría dar carpetazo cuanto antes a este asunto (aunque no podrá).

La defenderá en la tribuna el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que tendrá enfrente a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Ambos han confirmado que serán ellos quienes este martes lleve a la Carrera de San Jerónimo la voz de los millones de españoles que se oponen a esta «ley de impunidad».

El PP ha forzado que la votación se produzca por llamamiento, para retratar a todos y cada uno de los 121 diputados del PSOE. Incluidos los ocho del PSOE de Castilla-La Mancha. Fue una baza que los populares también usaron el año pasado por estas fechas con motivo de la reforma del Código Penal para la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, pero que no provocará más efecto práctico que el de alargar la duración de la votación: no habrá una sola deserción en las filas socialistas.

Una vez que la ley de amnistía sea tomada en consideración se abrirá el primer plazo de enmiendas. La oposición desconfía de los cambios que pueda sufrir la iniciativa durante su tramitación, porque ERC tiene intención de presentar enmiendas parciales y ya las está negociando con el PSOE. No así Junts, satisfecho con el texto pactado con Sánchez en noviembre. Los socialistas aseguraron la semana pasada que no habrá cambios políticos, sino como mucho «enmiendas técnicas».

Tres comisiones de investigación

El mismo martes el Pleno del Congreso también debatirá y aprobará la creación de tres comisiones de investigación sobre el caso Pegasus y la operación Kitchen (dos a iniciativa de Junts y una de ERC) cuya conclusión ya está clara, y eso que aún no se han constituido siquiera: en España hay lawfare, a decir de los separatistas. En una de sus múltiples entrevistas de estos días, el presidente declaró la semana pasada que el «bloqueo» del CGPJ por parte del PP es un ejemplo de lawfare. Aunque el órgano de gobierno de los jueces ni siquiera juzga.

El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts especificaba: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Ello puso en pie de guerra a todo el Poder Judicial, puesto que abre la puerta a que el Parlamento revise las sentencias de los jueces e, incluso, tome represalias. Algo que los socialistas han negado, pero que dejaron por escrito el 9 de noviembre.

Las sesiones de control al Gobierno en el Senado y el Congreso estarán protagonizadas, también, por la amnistía

El martes por la tarde en el Senado y el miércoles por la mañana en el Congreso, los ministros de Sánchez se enfrentarán a una batería de preguntas sobre la amnistía, el verificador, otras hipotecas de Sánchez y la separación de poderes.

Esteban González Pons preguntará a Fernando Grande-Marlaska si cree que los jueces en España prevarican. Cayetana Álvarez de Toledo cuestionará a Félix Bolaños por la «aportación exacta» de la ley de amnistía a la convivencia. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también se dirigirá al ministro de la Presidencia y de Justicia para saber si el Gobierno va a «terminar de desmantelar la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones durante esta legislatura».

A esa hora, el presidente del Gobierno estará a más de 1.600 kilómetros, en Estrasburgo, donde comparecerá ante el Pleno del Parlamento Europeo para hacer balance de la Presidencia española de turno de la UE. Que, al menos para Nadia Calviño, ha terminado bien, por su elección como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.