Veintiún fiscales de lo Penal y del Supremo condenan el lawfare de Junts ante el silencio de García Ortiz

«Los abajo firmantes, todos ellos Fiscales de Sala y Fiscales de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en relación con los ataques, insultos y amenazas realizadas por la Diputada de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, contra varios magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y altos funcionarios de la Guardia Civil, así como contra varios periodistas, a los que señala por haber actuado profesionalmente por motivos políticos e ideológicos en algunos procesos judiciales en los que han intervenido», arranca la carta que un total de veintiún miembros del Ministerio Público han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En el texto, al que ha tenido acceso El Debate, los fiscales trasladan al máximo responsable de la Fiscalía «las siguientes consideraciones interesando que, como máximo responsable del Ministerio Fiscal, proceda conforme dispone el artículo 124 de la Constitución» ante el silencio y la «pasividad» que ya antes han afeado a García Ortiz otros miembros de la institución.

Los fiscales quieren «expresar» su «más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas, amparándose en la tribuna parlamentaria, contra las citadas personas, ya que no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados (miembros de otros poderes del Estado), sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática».

No en vano, han recordado a García Ortiz que la Constitución establece expresamente cómo: «El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». Una disposición que también recoge el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

«La sujeción a ese mandato constitucional y estatutario nos obliga a solicitarle que se proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales anteriormente expuestos, y a que adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales, cuya actuación está siendo indebidamente cuestionada por las manifestaciones ya referidas», concluye la nota.