La Comisión llevará a España ante la Justicia europea por incumplir el tratamiento de aguas residuales urbanas

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia por el «incumplimiento íntegro» de la normativa comunitaria sobre recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. El primer aviso se dio en junio de 2012 bajo la presidencia de Mariano Rajoy Brey, seguido de un dictamen motivado en febrero de 2015 y otro adicional en junio de 2021.

Aunque Bruselas reconoce que existe una leve mejora respecto a la situación de hace 12 años atrás, la desobediencia sistemática es la que ha motivado la futura denuncia. La multa en 2021 ascendía a 53,4 millones de euros y se calcula que cada semestre la cuantía ha ascendido en 10 millones de euros más.

En un comunicado oficial de la Comisión se reconoce que “la información recopilada muestra incumplimientos generalizados de la directiva en España«, y recuerda que el objetivo es »proteger la salud de las personas y el medio ambiente exigiendo que las aguas residuales urbanas se recojan y traten antes de su vertido al medio ambiente".

Bruselas recoge hasta 254 infracciones en zonas habitadas. En 29 de ellas, el Gobierno no garantiza aún que las localidades disfrutes de sistemas de recogida de este tipo de aguas. La indicación desde el Ejecutivo comunitario es que “cuando esté justificado el uso de sistemas individuales u otros sistemas apropiados, alcancen el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector".

En las restantes 225, España «sigue sin proporcionar a toda la carga contaminante de las aglomeraciones el nivel de tratamiento requerido y/o no mide el rendimiento del tratamiento de los vertidos después del tratamiento». «Esto significa que hay aglomeraciones donde es necesario construir o mejorar infraestructura», lo que puede requerir «esfuerzos sustanciales».

La información vertida por la Comisión indica que hay cientos de lugares en España en donde no se tratan las aguas residuales o, en caso de hacerlo, es de manera ineficiente. Estos datos llaman la atención dado el interés mostrado por el gobierno de Pedro Sánchez en luchar contra el cambio climático y la contaminación, dos de sus pilares como Ejecutivo nacional en la pasada y actual legislatura.

La directiva europea al respecto establece que los Estados miembros deben disponer de sistemas de recogida para todas las aglomeraciones con al menos 2.000 habitantes. Cuando la creación de un sistema colector no esté justificada, en particular porque implicaría costes excesivos, podrán utilizarse en su lugar sistemas individuales u otros sistemas apropiados, siempre que alcancen el mismo nivel de protección medioambiental exigido.

Los países miembros tienen la responsabilidad de asegurar que los desechos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas que sirven a comunidades de al menos 2.000 habitantes cumplan con un nivel mínimo de tratamiento secundario, que implica el procesamiento de la materia orgánica de dichas aguas residuales urbanas.

La directiva, en todo caso, está en pleno proceso de revisión legislativa para ampliar el alcance de la normativa a partir de las poblaciones de más de 1.250, entre otros cambios aún pendientes de negociar entre el Consejo y el Parlamento Europeo. De darse este cambio, las infracciones en España serían incluso mayores.

Por qué es importante el tratamiento

El manejo de las aguas residuales de cualquier tipo es una de las grandes preocupaciones en cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere. Ya no solo por la escasez creciente del agua potable en un país como España con grandes porciones de tierra bajo el peligro de desertización, sino por el riesgo de contaminación del suelo y del subsuelo.

Por aguas residuales urbanas no solo se entienden las de uso particular, sino también las de las industrias que existen en las mismas áreas. En España se han detectado numerosos casos donde las aguas están altamente contaminadas debido a vertidos sin tratamiento adecuado en el medio ambiente. Por ejemplo, en 2020, en el río Segura, se identificaron vertidos tóxicos en Orihuela. En concreto, presencia de grasas industriales en el agua.

Estos incidentes han resultado en sanciones constantes a individuos y empresas por no cumplir con los estándares de tratamiento de aguas residuales, infringiendo normativas nacionales y europeas. Las entidades hidrográficas están intensificando los controles diarios pero, como tal y como demuestra el comunicado de la Comisión Europea, el trabajo realizado ha resultado insatisfactorio.

El gran reto para el tratamiento de estas aguas se encuentra en las viviendas aisladas en zonas rurales, núcleos poblacionales remotos e incluso en algunas urbanizaciones que carecen tanto de plantas de tratamiento centralizadas como de sistemas autónomos para tratar los vertidos antes de devolver el agua al medio ambiente. Esto supone potenciales riesgos para la salud pública, además de condiciones insalubres en hogares por la ausencia de sistemas de tratamiento adecuados o el uso de tecnologías obsoletas.

Este tipo de aguas contienen contaminantes, patógenos y bacterias peligrosas, como la bacteria E. coli. Además, nutrientes como nitrógeno y fósforo pueden dañar los cuerpos de agua dulce y el ecosistema marino, tal y como ha ocurrido en el Mar Menor en Murcia o los acuíferos altamente contaminados en Mallorca.