Un precedente judicial muestra la vía para embargar el Falcon por los impagos del Gobierno a las renovables

«Hay un precedente del año 2011 que resulta de interés para determinar si», en el marco de los embargos de diferentes tribunales extranjeros al Gobierno de España, por los impagos de las primas a las renovables, el Falcon que utiliza el presidente Pedro Sánchez para sus desplazamientos, «puede ser embargado». «Se trata de un episodio de julio de dicho año que desembocó en la incautación del avión oficial que empleaba el príncipe de Tailandia en sus traslados internacionales», apunta a El Debate el profesor, jurista y economista Niko Lavranos, autor del índice anual sobre incumplimiento de laudos arbitrales en materia de inversiones, en el que nuestro país comparte la primera posición junto con el régimen chavista de Venezuela.

«Se trataba de un Boeing 737 que fue intervenido en Alemania para resarcir a unos inversores germanos afectados por distintas deudas derivadas de sus contratos con el Estado tailandés» que se negó a atender los importes correspondientes. «La aeronave tenía un valor de 5 a 6 millones de dólares, una cantidad importante pero no suficiente para resarcir por completo unas obligaciones que, en aquel caso, alcanzaban hasta los 42 millones», explica Lavranos.

Así las cosas, teniendo en cuenta el nivel de incumplimiento de España en materia de laudos arbitrales y que, en los próximos meses, cada vez con más frecuencia, estos se irán convirtiendo en títulos judiciales internacionales listos para ser ejecutados. En nuestro país «están comprometidos los bienes del Estado» que, si alguno de los inversores interesa «podrían verse extendidos incluso, llegado el caso, a alguna de las aeronaves que el presidente del Gobierno utiliza en sus desplazamientos». Como, por ejemplo, el Falcon.

España encabeza el listado de 'morosos'

La última edición del Índice Lavranos, el estudio sobre incumplimiento de laudos arbitrales a nivel internacional, arrojaba un dato todavía más demoledor que las versiones anteriores: en España ya somos líderes en impagos y ocupamos, junto con Venezuela, el primer lugar del ranking por número de resoluciones no atendidas. La razón fundamental, la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a atender las indemnizaciones correspondientes a los inversores perjudicados con la modificación retroactiva de las primas a las energías renovables que implantó el también Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Como consecuencia de esta posición, España ha sufrido importantes reveses ante el CIADI del Banco Mundial –la institución líder a nivel mundial en materia de arreglo de diferencias relativas a inversiones– en los litigios iniciados por las empresas extranjeras que, en su momento, apostaron por nuestro país como un destino fiable y rentable al que confiar su capital en materia energética.

Tal es así que los laudos en contra del Gobierno y su posterior reconocimiento y ejecución en los países donde se encuentran domiciliados los reclamantes, ha supuesto el embargo de numerosos bienes públicos de todos los españoles, como: la sede del Instituto Cervantes y la del Instituto Español Cañada Blanch en Londres, la indemnización por la catástrofe del hundimiento del Prestige o un total de 800.000 euros de cuatro cuentas bancarias diferentes, titularidad del Estado, en Reino Unido.

Un escenario que lejos de estancarse, podrá verse incrementado en los próximos meses cuando se activen los bloqueos de otro tipo de bienes en otros países. De hecho, «para reclamar el embargo de bienes por este tipo de deudas, acreedores tienen que registrar sus laudos ante la justicia de terceros países, que deberá revisarlos y reconocer que, en efecto, son vinculantes, efectivos y procedentes. Cuando eso ocurre, se abre la puerta a ejecutar embargos como los que ya se han autorizado en Reino Unido y los que pueden darse próximamente en otros países como Australia o Estados Unidos» advertía hace unos días, en declaraciones exclusivas para El Debate, el profesor Lavranos.

«Distintas agencias especializadas han realizado un rastreo exhaustivo de los bienes de España en el extranjero y han detectado cientos de bienes que pueden ser embargados en el futuro. Todas estas medidas están encima de la mesa», asegura Lavranos. Y, de hecho, ya se han logrado «sentencias importantes que intervienen propiedades inmobiliarias y activos financieros» de toda clase.

El coche oficial sujeto a inmunidad

Caso diferentes al del Falcon, sin embargo, sería el que atañe al automóvil oficial que emplea el presidente español en sus desplazamientos en el extranjero. Ya que, según la opinión jurídica de Lavranos se trataría de «un vehículo sujeto a protección diplomática».

De hecho, éste «es el mismo argumento que esgrimió España para intentar frenar los embargos que ya se han producido, pero los bienes reclamados por las compañías no estaban adscritos a las embajadas y, por tanto, no quedaban protegidos por ningún tipo de inmunidad soberana. En cambio, en el caso de un coche oficial, lo más probable es que no sea posible reclamar su embargo y que las autoridades consideren que sí se trata de un bien sujeto a protección diplomática», explica el profesor y jurista.

«Por otro lado, el valor de un vehículo es relativamente pequeño para el tipo de deudas de las que estamos hablando, no olvidemos que las empresas que ya han ganado estos procedimientos deben ser compensadas con 1.200 millones de euros, una cifra muy elevada», añade en respuesta a las incógnitas planteadas por El Debate.