España empata con Venezuela como primera en el ranking mundial por número de laudos sin pagar

la edición 2023 del Índice Internacional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales del profesor Nikos Lavranos concluye que España ya está en la primera posición del escalafón por número de laudos pendientes de pago, a la par con Venezuela y por delante de Rusia. En cuanto a la cantidad de dinero adeudado, ya somos el tercer país del ranking.

Esta nueva entrega actualizada del estudio anual que elabora Lavranos muestra que, hasta la fecha, solamente el 6,7% de las sentencias resultantes de arbitrajes internacionales están en situación de impago y que el grueso de estos incumplimientos se ha correspondido, históricamente, con aquellos países donde el imperio de la ley y la seguridad jurídica están más debilitados. Por este motivo, que España encabece el escalafón es todavía más preocupante si cabe.

Hay otros cuatro Estados miembros de la UE que también se sitúan entre los 20 primeros: Italia, República Checa, Croacia y Polonia

En el informe, España figura con un total de 15 incumplimientos a los que «en los próximos meses» podrían sumarse« hasta 25 sentencias» más, según adelantan a El Debate fuentes jurídicas próximas a los casos en litigio. «Esto se debe a que, en esos diez casos que no se han contabilizado para el índice de Lavranos, la sentencia aún no es firme y está sujeta a algún tipo de apelación o intento de anulación por parte de España», explica.

Y es que nuestro país se ha sumado al club de incumplidores a raíz de la política de impagos adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez con las empresas e inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Las consecuencias ya son conocidas: descrédito internacional, socavamiento de la seguridad jurídica y embargos de activos del Reino de España en el extranjero que ya han empezado a concretarse en Reino Unido y que pronto lo harán en países como Australia o EE.UU.

«Nuestro análisis ilustra que la mayoría de los laudos de arbitraje de diferencias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) no pagados se relacionan con disputas que surgen del sector de energía renovable y dictadas bajo el TCE (Tribunal de Cuentas Europeo)», destaca el contenido del informe. «La anunciada retirada común de la UE y sus Estados miembros del TCE no hará que los laudos finales y las disputas pendientes simplemente desaparezcan», matiza. Y es que pese a la denuncia del mismo, el período de vigencia fijado es de veinte años en los que se podrán seguir reclamando los efectos correspondientes a su incumplimiento.

«El colapso del TCE arroja serias dudas sobre los objetivos declarados de la UE de liderar el mercado energético mundial, la transición según el Acuerdo de París y el Pacto Verde de la Unión Europea (UE), y también es digno de mención que los laudos resultantes de disputas en el sector energético de combustibles fósiles se resuelven con mucha más frecuencia que los laudos en materia de energías renovables», afirma el estudio Lavranos.

Cerca de 1.200 millones de euros

Sea como sea, instalados en dicha dinámica, el importe total de los laudos pendientes de pago por parte de España casi se ha duplicado, en los últimos doce meses, respecto de la edición anterior del estudio, hasta alcanzar cerca de 1.200 millones de euros. Un importe en el que quedan excluidos los tipos de interés, los honorarios de abogados y las costas de arbitraje que España también ha sido condenada a pagar.

Por estos conceptos, los honorarios legales ascienden a un total de 250 millones de euros, más unos 70 millones de euros más en concepto de honorarios legales propios.

Y, todo ello, en el marco del nada desdeñable número de 51 reclamaciones desatendidas del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), todas ellas relativas al sector de las renovables, y cuyos daños reclamados suman casi 10.000 millones de euros, en los que también se incluyen los tipos de interés.