La Guardia Civil busca quién facilitó teléfonos encriptados a los integrantes de Tsunami Democràtic

La Jefatura de Información de la Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando cómo varios integrantes de Tsunami Democràtic tuvieron acceso a varios aparatos de comunicación que permitían mantener en secreto las conversaciones como consecuencia de los altos niveles de encriptación. El Debate ha tenido acceso a un informe policial donde los agentes especifican al juez que investiga al brazo callejero del independentismo catalán que estos aparatos eludían totalmente los pinchazos telefónicos que pudieran hacer los investigadores.

«El paquete son unos walkie-talkies encriptados y que funcionan fuera del rango de frecuencias estándar. Los puedes usar si quieres en operaciones especiales. Ya te los pediré si los necesito. Mira que estén todas las baterías cargadas y los canales bien configurados. Está todo comprado sin dejar rastro», se lee en una conversación que tuvo el empresario Josep Campmajó, considerado uno de los cabecillas de Tsunami. En su informe, los agentes explican al juez que «el material adquirido cuenta con una configuración concreta que imposibilita su detección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que hace presuponer que podría ser utilizado en las labores fuera del orden legal».

Los investigadores descubrieron el uso de este tipo de objetos de alta tecnología tras incautar el teléfono móvil a Campmajó. El empresario, persona de la máxima confianza del expresidente catalán Carles Puigdemont, está siendo investigado en estos momentos por la Audiencia Nacional en el marco de las guerrillas separatistas. Tal y como figura en las conversaciones incautadas por los investigadores, el empresario se ocultaba ante sus interlocutores bajo el seudónimo Canalla.

El secreto en las comunicaciones era una de las preocupaciones más grandes que tenían los integrantes de Tsunami. Por este motivo, los dirigentes de la guerrilla empleaban mucho tiempo en blindar sus conversaciones. Ahora, la Guardia Civil rastrea quién y cómo llevó a cabo la compra y sobre todo quién facilitó el material a Tsunami. Fuentes de la investigación han trasladado a este periódico la complejidad del cometido porque las conversaciones que llevaban a cabo por escrito posteriormente eran borradas y también porque éstas se intercambiaban a través de aplicaciones móviles que fueron diseñadas ad hoc por hackers que ellos mismos tenían en su equipo.

Eludir pinchazos telefónicos

Sin embargo, los agentes sí tienen constancia de búsquedas en internet sobre los aparatos encriptados. «Por otro lado, se han hallado imágenes en las que se observa material técnico de seguridad como walkie-talkies, tarjetas de telefonía de prepago, así como conversaciones que tratan sobre la adquisición de material técnico de seguridad de ciertos dispositivos con una configuración concreta que podría imposibilitar su detección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y multitud de búsquedas en internet en páginas de adquisición de material de seguridad, defensa personal y policial o espionaje», reza el informe.

La Guardia Civil ha presentado al juez otra evidencia en la que se plasma la manera en que la guerrilla usaba una u otra aplicación móvil dependiendo del grado de secreto que tenían que decirse. «En resumen él comprendió y aceptó que Whatsapp es comunicación normal, Signal para temas de trabajo delicados (de los nuestros) y por tanto sagrados y aquel icono blanco que también tengo (WIRE) es sagrada, ya que por aquí solo hablamos los que tenemos relación de Gobierno», se lee en el informe policial.

Entre los actos vandálicos que llevaron a cabo se encuentran cortes de importantes carreteras catalanas con el objetivo de provocar el caos entre los vehículos, actos de desobediencia en la jornada de reflexión de las elecciones generales del 9 de noviembre de 2019 o la ocupación de oficinas bancarias a lo largo de decenas de municipios catalanes con carteles que rezaban: «Esta empresa financia la represión». Uno de los episodios más violentos tuvo lugar el 14 de octubre de 2019, cuando acudieron al aeropuerto de El Prat de Barcelona y provocaron en él graves disturbios públicos y destrozos que tuvieron como consecuencia la cancelación de más de 100 vuelos. Precisamente, en medio de esta acción murió un turista que se encontraba en el aeropuerto y al que le dio un infarto al corazón.

El juez que lleva la causa, Manuel García Castellón, es uno de los magistrados más acosados por el independentismo. También por partidos como Podemos. De hecho, la formación morada se querelló contra él en el Tribunal Supremo alegando «presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas» en la línea de que es un caso de lawfare al haber reabierto la investigación de financiación ilegal del partido. En cambio, el Alto Tribunal ha rechazado de lleno la acción legal.