Bruselas duda sobre si mediar en la reforma del CGPJ y recuerda que es responsabilidad de España

La tensa situación en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España se encuentra en un punto crucial, a la espera de un mediador con autoridad que supervise el proceso.

La Comisión Europea se ha visto implicada en esta reforma, tras una petición conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para facilitar un acuerdo entre el PSOE y el PP.

Pero la Comisión, involucrada profundamente en la polémica situación política española desde el pacto entre Sánchez y los separatistas catalanes, ha solicitado más tiempo para responder de manera efectiva y útil.

Eric Mamer, portavoz del Ejecutivo comunitario, ha declarado en una rueda de prensa que la Comisión no suele tener este tipo de responsabilidades y que se le pidió dar una respuesta justo antes de Navidad.

Mamer subrayó que es importante considerar el tiempo necesario para resolver el problema en lugar de enfocarse en la demora de Bruselas para responder. Además, recordó que la responsabilidad principal recae en las autoridades nacionales españolas y no en la Comisión, instando al Gobierno de España a asumir su cargo y liderazgo.

«No es habitual que la Comisión tenga esta responsabilidad y se nos ha pedido justo antes de Navidad dar una respuesta, así que dadnos tiempo para que la forma en que contestemos sea útil y contribuya a resolver el problema», explicó el portavoz.

Por su parte, Christian Wigand, portavoz de Justicia de la Comisión, reiteró que Bruselas sigue reflexionando sobre la petición y enfatizó que su posición con respecto al bloqueo en el CGPJ no ha cambiado, manteniendo las recomendaciones del informe anual sobre el Estado de derecho en la UE.

Un mediador, por favor

Tras meses de estancamiento, el PSOE y el PP decidieron incluir a la Comisión Europea en las negociaciones, esperando que su participación ayude a establecer un calendario para las reuniones. Desde Génova, sede del PP, se da por hecho la presencia de un supervisor comunitario.

La desconfianza entre los dos principales partidos políticos es palpable, especialmente en lo que concierne a este tema. A pesar de los recelos, los interlocutores se mantienen: Félix Bolaños por parte del PSOE y Esteban González Pons por el PP.

Por ello, se espera que la Comisión Europea supervise cada paso del proceso, para evitar errores pasados. Desde la cúpula del PP, consideran que la Comisión debería detallar aspectos como el formato de las reuniones y el intercambio de documentos, una práctica común en Europa.

En diciembre, Juan Bravo, del PP, afirmó que no habrá reuniones hasta que Europa formalice su función supervisora. La propuesta de Feijóo buscaba desbloquear la situación y dar una oportunidad a ambos partidos para pactar la renovación del CGPJ. Además, permitió al PP cambiar el marco del debate, enfocándose en una nueva ley para cambiar el sistema de elección de vocales, algo que también reclama Europa.

Ambos partidos ahora buscan la supervisión europea, viéndola como una garantía para avanzar hacia un nuevo sistema de elección. Sin embargo, reconocen que cualquier contratiempo o dilación en el proceso dependerá de indicaciones de Bruselas.