El Gobierno afronta una votación agónica con solo 167 síes asegurados y Junts disfrutando

Si el objetivo de Carles Puigdemont era que el Gobierno le viera las orejas, como al lobo, lo ha conseguido. La investidura de Pedro Sánchez pendió de un hilo por Junts y por Junts pende de un hilo, apenas dos meses después, el primer trance parlamentario del Gobierno en esta legislatura.

La coalición llega al pleno de este miércoles sin tener la certeza de que sacará adelante la convalidación de los tres decretos ley que aprobó en diciembre: el decreto ónmibus, en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo; el de la reforma del subsidio de desempleo; y el decreto anticrisis.

«Ni zanahorias, ni chantajes. De nadie», escribió este martes Puigdemont, haciéndose notar en plena cuenta atrás de la votación. Una triple votación para la que el Ejecutivo necesitará 172 votos a favor y la abstención (al menos) de Junts, puesto que el PP, Vox y UPN sumarán 171 en contra. De momento, Pedro Sánchez tiene cerrados 167 votos: 121 del PSOE, 26 de Sumar, siete de ERC, seis de Bildu, cinco del PNV, el del BNG y el de Coalición Canaria.

Los cinco diputados de Podemos insisten en que no apoyarán el decreto ley del subsidio de desempleo si el Ministerio de Trabajo mantiene el recorte de la cotización de pensiones para los mayores de 52 años que cobran esa prestación, aunque el Ejecutivo no se los está tomando demasiado en serio. Pero Junts es el hueso más duro de roer.

De hecho, se espera que las negociaciones entre el PSOE y los de Puigdemont se prolonguen durante el día de hoy, aunque este martes los socialistas se mostraban optimistas con el desenlace. «Prudentes», pero optimistas con respecto al apoyo final del partido de Puigdemont. Pero no sin antes pasar nuevamente por caja: esta vez, lo que Junts pretende arrancar al Gobierno es una fórmula para que los miles de empresas que abandonaron Cataluña durante el procés vuelvan.

El Ejecutivo no contempla sanciones a las que se nieguen, como propusieron ayer los de Puigdemont, pero sí algún tipo de incentivo para animarlas a regresar. En el acuerdo que el PSOE y Junts firmaron para la investidura, los socialistas ya se comprometían a acometer un «plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».

La soga al cuello de Junts

La legislatura no ha hecho más que arrancar y los socialistas ya están cansados de gobernar y respirar teniendo atada al cuello una soga, la que les puso Puigdemont cuando Sánchez fue investido con sus siete votos. Pero son conscientes de que no les queda más remedio que acostumbrarse, porque va a ser una constante. Si acaso irá a peor conforme se acerque la fecha de las elecciones catalanas, por la pugna entre Junts y ERC.

La votación de este miércoles va a ser tan agónica que el Gobierno no puede permitirse el lujo de prescindir de un solo voto. Todos los miembros del Ejecutivo con escaño votarán: el propio Pedro Sánchez, las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz y los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente.

En la legislatura pasada hubo dos decretos ley que salvaron de milagro. El de los fondos europeos fue convalidado en enero de 2021 gracias a la abstención sorpresa –y sorprendente– de Vox. Tiempo después, Santiago Abascal reconoció en un desayuno organizado por El Debate que siempre se ha arrepentido de aquella abstención. «Sin ninguna duda, si hoy yo tuviera que decir un asunto en el que nosotros no hemos acertado, involuntariamente porque fue una abstención, diría que es ése», afirmó el pasado 4 de julio.

La pasada legislatura, el Gobierno salvó dos decretos ley de milagro: el de los fondos europeos y la reforma laboral

En febrero de 2022, el Ejecutivo sacó adelante la convalidación del decreto ley de la reforma laboral por el error de un diputado del PP, Alberto Casero. De no ser por él, la norma estrella de Yolanda Díaz habría decaído. Ella declaró después que habría dimitido si eso hubiera pasado.

A pesar de la polémica que está rodeando la convalidación de estos tres primeros decretos ley, el Gobierno no quiere extraer ninguna conclusión. Aunque varios de sus socios, con el PNV a la cabeza, han hecho constar su malestar por los métodos del Ejecutivo: el recurso fácil al decreto ley (en teoría reservado a casos de extraordinaria y urgente necesidad) y, además, mezclando asuntos variopintos. Fuentes gubernamentales señalan, no obstante, que los paquetes anticrisis se renuevan cada seis meses (éste es el octavo) y que el decreto ley es la herramienta más adecuada para ello porque es la más ágil.