Junts y ERC hacen una encerrona a Sánchez para obligarle a incluir el terrorismo en la amnistía

Junts y ERC han puesto a Pedro Sánchez entre la espada y la pared durante el trámite parlamentario de la ley de amnistía al registrar ambos, por separado, enmiendas parciales para garantizar que la norma abarque los delitos de terrorismo. Esto es, que también dé impunidad a los 12 miembros de los CDR y a los 10 encausados por los disturbios ocasionados por Tsunami Democràtic. Entre ellos, el propio Carles Puigdemont.

En concreto, ambas formaciones quieren que se elimine el párrafo que excluye de la amnistía «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme (…)». El partido de Carles Puigdemont va más allá y pretende borrar los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la Defensa. «Es una realidad que, nada más hacerse pública la proposición de ley de amnistía, se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento», señala Junts, en alusión a las dos causas seguidas en la Audiencia Nacional.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en el grupo parlamentario que comanda Patxi López. En teoría, los socialistas habían pactado con Junts, ERC y el resto de los socios de la investidura que solo presentarían enmiendas conjuntas, negociadas y pactadas entre todos de antemano, para asegurar su aprobación llegado el momento.

Durante las conversaciones, el PSOE se siguió resistiendo a incluir los casos de terrorismo, porque sabe que ello tendría un encaje casi imposible en el Derecho de la UE. Y ésta es la respuesta del independentismo, un órdago a la grande. El objetivo de los de Sánchez era limitar a las enmiendas a cuestiones «técnicas» para blindar la amnistía. Para garantizar su aplicación a pesar de las cuestiones prejudiciales que presenten los tribunales (entre ellos, el Supremo) y no dejar un solo cabo suelto ante los jueces.

Y sí, los socialistas consiguieron pactar nueve enmiendas técnicas con Sumar, ERC, Bildu y BNG, en otra negociación agónica. Pero Junts se desmarcó del acuerdo y presentó 12 por su cuenta; y Esquerra registró algunas en solitario, a mayores de las que firmó con el PSOE.

La polémica de la tarde

Tanto apuraron el margen que tenían –hasta las seis de la tarde– que las enmiendas conjuntas entraron en el registro un minuto después de su cierre y aun así fueron aceptadas, pese al voto en contra de los miembros del PP en la Mesa de la Comisión de Justicia. La Mesa decidió admitir la irregularidad porque, supuestamente, las enmiendas se habían comunicado antes. Aunque los populares anunciaron que va a presentar un escrito a la Mesa pidiendo los informes técnicos y jurídicos que aclaren por qué la Cámara aceptó esas enmiendas fuera de plazo.

Entre las que ERC registró por su cuenta figura una para que al Estado la amnistía le salga a pagar. Es decir, que tenga que devolver las multas impuestas en el marco de los procedimientos penales, administrativos o contables llevados a cabo. Y entre las de Junts hay una en la que el partido propone ampliar la horquilla de la amnistía otros dos meses para que también beneficie al clan Pujol. Es decir, que el plazo comprendido en ella sea del 1 de noviembre de 2011 –y no del 1 de enero de 2012– al 13 de noviembre de 2023, puesto que el caso Pujol se inició en la Audiencia Nacional a comienzos de 2012 y está pendiente de juicio oral.

La encerrona que entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han hecho a Pedro Sánchez pretende obligarle a repensarse la exclusión de los CDR y los miembros de Tsunami Democrátic. Cabe recordar que, al tratarse de una ley orgánica, el Gobierno y sus socios necesitan mayoría absoluta para su aprobación, 176 escaños. Así que tienen que estar todos en la ecuación (salvo Coalición Canaria).

Este mismo martes quedó constituida la ponencia, que el jueves debatirá las enmiendas parciales a puerta cerrada (es el procedimiento habitual). La intención de los socialistas es que el informe de la ponencia sea elevado a la Comisión de Justicia el próximo martes y que el pleno del Congreso apruebe la ley en la semana del 30 de enero, ya con las enmiendas que hayan pactado sus promotores.

A todo esto, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se entrevista este miércoles en el Congreso con el número dos de Junts, Jordi Turull. Teóricamente, para hablar de las competencias en materia de inmigración que el Gobierno va a ceder a Cataluña –según la versión de Junts– o que el Gobierno va a delegar en Cataluña –según la versión del Ejecutivo–. Aunque las enmiendas a la ley de amnistía saldrán a colación.