El 'cortafuegos' del juez de Tsunami para frenar el intento de Junts por amnistiar el terrorismo

El juez Manuel García-Castellón rechazaba, este jueves, el intento de la Fiscalía por evitar que la causa que se sigue contra Carles Puigdemont –y una veintena de imputados por los altercados de Tsunami Democràtic en Cataluña, en 2019– llegue al Supremo. El magistrado denegaba al Ministerio Público el recurso con el que se oponía a dicha posibilidad y trazaba un 'cortafuegos' que frena, de nuevo, el intento de Junts por lograr que la amnistía se extienda a todos los delitos de terrorismo vinculados con el 1-O, sin excepción.

Los separatistas catalanes saben, como avanzó El Debate, que al que fuera expresidente de la Generalitat, hoy prófugo de la Justicia española en Waterloo (Bélgica), que de mantenerse vigente contra él la acusación por terrorismo se le complica un regreso rápido y sin consecuencias penales a nuestro país. De ahí que, a comienzos de esta misma semana, Junts exigiese incorporar en la ley de amnistía los delitos terroristas desde 2011, en un intento por librar a su líder de la causa judicial que pesa contra él y de lograr, también, que la Unión Europea frene el borrado penal del procés.

Por su parte, el instructor del caso Tsunami en la Audiencia Nacional está convencido de que tanto Puigdemont, como la que fuera dirigente de Esquerra (ERC) Marta Rovira, tuvieron un papel determinante en la planificación, entre otras acciones, del asalto al aeropuerto del Prat, para protestar contra la sentencia del Supremo que condenó al resto de líderes independentistas.

García Castellón se apoya en los informes policiales que obran en su poder para ratificarse en que el bloqueo del aeródromo internacional de Barcelona, que conllevó la interrupción del tráfico aéreo, fue un acto terrorista. Así lo ha ratificado en el último auto emitido para desestimar el recurso con el que la Fiscalía se oponía a la exposición motivada que el propio juez elevó al Supremo.

Cabe recordar que el Alto Tribunal está pendiente de pronunciarse en relación a la solicitud formulada por el magistrado para que se haga cargo de la causa contra por terrorismo contra Puigdemont quien, en su condición de eurodiputado, goza del estatus de aforado.

Si el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de la amnistía, se tambaleó peligrosamente durante las negociaciones del PSOE con los separatistas, tras conocerse la decisión del juez de imputar formalmente al ex presidente de la Generalitat por terrorismo; la firmeza del magistrado en calificar los disturbios provocados por Tsunami Democrátic como terrorismo ha revuelto, de nuevo a los socios del Gobierno socialista que exigen, «frente a la contundencia y nitidez de los indicios» que pesan contra Puigdemont, que la amnistía se le aplique sin matices.

El magistrado, por su parte, asegura que los datos arrojados por las últimas diligencias practicadas le permiten contar con pruebas preliminares adicionales contra Tsunami que, de acuerdo con su tesis, estuvo coordinada y contó con el visto bueno del prófugo Carles Puigdemont. Una postura incómoda para las aspiraciones de los secesionistas catalanes que han fracasado, además, en su último intento por apartarle de la causa.