El Gobierno se niega a facilitar los informes que dice tener y que avalan su ley de amnistía

El Gobierno que presume de transparencia se niega a enseñar los informes que dice tener y que, según la vicepresidenta primera, avalan la plena constitucionalidad de la ley de amnistía. Es lo mismo que hizo la semana pasada con el supuesto documento firmado por el PSOE y Junts, y en el que ambos partidos acordaron la transferencia de las competencias en materia de inmigración a Cataluña.

Este jueves por la mañana, María Jesús Montero salió al paso del «demoledor» –a juicio del PP– informe redactado por los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso, en el que cuestionan que la amnistía del PSOE tenga cabida en la Carta Magna así.

Montero contraatacó con el argumento de que Ejecutivo tiene otros informes elaborados por «juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros». Pero no quiso ponerles nombre y apellidos, como sí los tienen Piedad García-Escudero, Isabel Revuelta y Fernando Castillo, los tres juristas que firman el documento remitido a la Comisión de Justicia. Durante toda la jornada, el Gobierno no solo siguió sin aclarar quiénes sin los expertos con los que se ha asesorado, sino que tampoco mostró informe alguno.

Esa opacidad aumenta las sospechas sobre el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Puesto que, durante meses, ni el Ejecutivo ni el entorno de Conde-Pumpido han desmentido las informaciones según las cuales el presidente del TC asesoró a los socialistas en la redacción de su proposición de ley de amnistía.

Y porque, desde que el miércoles se conoció el informe de los letrados, diversos ministros han puesto el foco sobre el Constitucional, al insistir en que será el tribunal de garantías el que tenga la última palabra. Entre ellos la propia Montero, Félix Bolaños y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

En una entrevista con El Debate publicada el 4 de enero, Alberto Núñez Feijóo calificó de «gravísimo» el hecho de que Conde-Pumpido no haya negado su participación en ningún momento. También afirmó tener «dudas» sobre la decisión futura de los magistrados, porque el sector izquierdista está en amplia mayoría.

En cualquier caso, el PSOE y sus socios desecharon este jueves las advertencias del informe de los juristas, acogiéndose a que es preceptivo, pero no vinculante. Y solo atendieron a las correcciones formales que sugerían los tres letrados, como informó El Debate. Por ejemplo, escribir «Estado de Derecho», en mayúsculas en la exposición de motivos de la proposición de ley, en lugar de «Estado de derecho»; y «juzgado o sala», en minúsculas en el artículo 12.2, en lugar de «Juzgado o Sala». Y otros detalles ortográficos.

Es más. Los socialistas van a defender la ley de amnistía en la Convención Política que celebrarán este fin de semana en La Coruña, bajo el lema Impulso de país. En el documento previo al cónclave, el PSOE remacha que la amnistía es una «herramienta fundamental» para el «reencuentro total» y que es «plenamente constitucional».