Montero afirma sin pruebas que tiene informes que avalan la constitucionalidad de la ley de amnistía
Niega que Armengol retrasara la publicación del informe de los servicios jurídicos
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves que el Ejecutivo tiene informes que avalan «perfectamente» que la ley de amnistía al 'procés' es constitucional, tras darse a conocer uno redactado por las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso en el que se duda de su constitucionalidad.
Eso sí, pese a haber hecho estas declaraciones en un medio audiovisual como es Antena 3, Montero no ha mostrado ninguno de estos informes por lo que no hay más prueba que su palabra.
María Jesús Montero ha asegurado que esos informes están elaborados por «juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros», aunque no ha precisado quiénes son los autores y se ha limitado a decir que son «juristas, expertos, catedráticos».
De esta forma ha respondido al ser preguntado por un segundo informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que incide en las dudas de constitucionalidad de la ley de amnistía, en el que además se apunta a indeterminación en su ámbito de aplicación.
Con todo, la también 'número dos' de los socialistas ha defendido que el informe de admisión a trámite dictaminó que la norma es constitucional, al tiempo que ha remarcado que a quien compete resolver sobre la constitucionalidad o no de la amnistía es al Tribunal Constitucional cuando sea recurrida por quienes se oponen. «Esperaremos a ese informe definitivo», ha apostillado.
El retraso de Armengol
Preguntada si cree que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ocultó ese segundo informe de los letrados hasta que finalizó el plazo para presentar enmiendas a la ley, como denuncia el PP, Montero ha dicho que no le consta «para nada».
La vicepresidenta ha expresado que para el Gobierno lo importante es que la ley pueda completar todos los pasos hasta ser aprobada y ha acusado al PP de tratar de deslegitimar «permanentemente» al Congreso.