Empiezan las maniobras de dilación del PSOE para aplazar la amnistía hasta después de las gallegas

Este viernes arranca la campaña electoral en Galicia. El propio Pedro Sánchez la estrenará el sábado, con un mitin en Orense. Los socialistas no quieren que sus negociaciones con Junts para desatascar la amnistía se conviertan en un lastre para sus aspiraciones en tierras gallegas. Éstas ya de por sí no son boyantes, a decir de las encuestas. Por eso, en el PSOE prefieren parar el cronómetro y posponer cualquier acuerdo hasta después del domingo 18 de febrero, pero el problema es que para ello tendrán que hacer una interpretación imaginativa del Reglamento del Congreso.

La devolución de la proposición de ley orgánica de amnistía a la Comisión de Justicia anticipa una batalla entre socialistas y populares en la Mesa del Congreso por los plazos de aprobación del nuevo dictamen. Pero una batalla desigual, en la que los primeros tienen todas las de ganar. Porque son mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que preside Francina Armengol.

Cuando el grupo parlamentario socialista registró en noviembre la iniciativa, solicitó que fuera tramitada por el procedimiento de urgencia. Ello redujo todos los trámites a la mitad de tiempo. La cuestión es qué pasa ahora. El Reglamento del Congreso estipula en su artículo 131.2 que cuando un proyecto o proposición de ley orgánica es rechazado por el Pleno y vuelve a la comisión correspondiente, ésta tiene un mes para emitir un nuevo dictamen. Sin embargo, en teoría la urgencia también debería valer para este trámite, así que serían 15 días, la mitad. Lo que daría de margen a Sánchez y Puigdemont hasta el miércoles 16 de febrero. Es decir, en plena recta final de la campaña gallega.

El problema es que existen muy pocos precedentes y, por lo tanto, más manga ancha para el PSOE. Armengol, en cualquier caso, pedirá un informe a los letrados del Congreso para cubrirse las espaldas. En el grupo parlamentario popular dan por hecho que el letrado mayor, Fernando Galindo, le dará a la presidenta del Congreso la cobertura legal necesaria. Como lo hizo cuando avaló la admisión a trámite de la ley de amnistía porque, a su juicio, no entraba en «evidente y palmaria contrariedad» con el artículo 62 de la Constitución, el que prohíbe los indultos generales.

En toda la democracia, no hay ninguna proposición de ley orgánica que el Pleno haya devuelto a la comisión y solo dos proyectos de ley orgánica. En ambos casos ocurrió en la VI legislatura, la primera de José María Aznar, que gobernó con mayoría simple. Eran dos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En uno de los casos la Comisión aprobó un nuevo dictamen y el Pleno le dio luz verde. En el otro caso, pasó el tiempo y la iniciativa caducó sin ser aprobada.

Los populares están estudiando sus opciones, aunque no parecen tener muchas. De momento, este miércoles empezaron las maniobras dilatorias. Armengol no movió ficha. No tiene prisa. La Mesa del Congreso deberá ser la que comunique a la Mesa de la Comisión de Justicia que la ley de amnistía vuelve atrás. Fuentes de esta última señalaron ayer a El Debate que aún no han recibido ninguna comunicación, ni oficial ni extraoficial, ni por parte de la presidenta del Congreso ni por la del presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Francisco Ayala.

A mayores, se da la circunstancia de que la próxima semana sí hay Pleno, pero la del 13 de febrero no. Eso también juega a su favor.

Puigdemont, de campaña

Entretanto, un día después de frenar la tramitación de la ley de amnistía y devolverla a la Comisión de Justicia, Carles Puigdemont anunció su candidatura a las elecciones. Pero a las elecciones al Consell de la República, una entidad privada creada en 2017 para que el expresidente catalán tuviese su «gobierno en el exilio» y que nunca ha mandado nada. Ni siquiera sobre Puigdemont: el pasado mes de octubre, sus afiliados votaron en contra de un acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts y el prófugo hizo caso omiso.

Por su parte, los socialistas se dedicaron a cargar contra Junts por pretender una ley de amnistía que, según el PSOE, en ningún caso pasaría el filtro del Tribunal Constitucional. Hasta siete ministros, la portavoz del partido y el líder del PSC se repartieron por los medios para pedir a Puigdemont que recapacite. En el PSOE creen, o quieren creer, que Junts no puede permitirse cargar sobre sus espaldas con la cruz de ser el culpable de que no haya una amnistía que prometieron a los suyos.

En medio de este nuevo tanteo, este miércoles emergió el enlace de Yolanda Díaz con los independentistas, el exdiputado Jaume Asens, para proponer al PSOE y a Junts una fórmula distinta: aprobar la ley como está redactada ahora y después reformar el Código Penal para modificar el delito de terrorismo. La legislatura pasada, el Gobierno ya convirtió el Código Penal en un artefacto político: Sánchez lleva modificados más de un centenar de artículos, ha añadido una veintena y ha derogado íntegramente ocho.