Sánchez da 500.000€ a la Corte Penal que investiga a Rusia, mientras pide amnistiar a Puigdemont pese a sus conexiones con Putin

El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez ha acordado, este martes, autorizar que la contribución voluntaria de España al Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, correspondiente al año 2024, sea de 500.000 euros. El Tribunal (CPI) está encargado de la investigación y enjuiciamiento de los crímenes que atentan contra los Derechos Humanos –genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad– y para el Ejecutivo socialista «resulta de especial importancia apoyar las investigaciones abiertas por la Fiscalía», entre las que se encuentra la relativa a «la situación en Ucrania, abierta en marzo de 2022».

El Gobierno ha decidido contribuir con esta importante aportación económica a la Fiscalía de la institución extranjera que estrecha el cerco legal sobre la invasión de Rusia a su vecino del sureste. Y lo ha hecho en la misma semana en la que una exclusiva de El Debate, destapaba cómo el juez español Joaquín Aguirre, titular del Instrucción número 1 de Barcelona que investiga la trama rusa del procés, baraja imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de traición.

El magistrado del denominado ‘caso Voloh’ insiste en el apoyo «económico y militar» de Rusia al líder de Junts, al hilo de las presuntas conexiones de éste con varios emisarios del régimen de Vladimir Putin, para la financiación de una futura república independiente en Cataluña. Cabe recordar que, aún así las cosas, Pedro Sánchez pide amnistiar a Puigdemont de todos los delitos cometidos, incluso el terrorismo por el que está imputado en otro procedimiento, la causa de Tsunami Democràtic, en la Audiencia Nacional.

17 líneas de investigación y 3 previas

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional es uno de los cuatro órganos de dicho tribunal que, desde junio de 2021, está a cargo de Karim A. A. Khan, a quien le corresponde tanto la acción penal como la instrucción de los casos. Una doble función instructora y acusadora que lo convierte en la pieza clave de la CPI. De ahí que en marzo de 2022, se crease un fondo fiduciario con el objetivo de apoyar esa labor y específicamente dirigido a apoyar su capacidad de investigación.

De manera desglosada, los fondos que el Ministerio Público del CPI recibe a modo de aportaciones de diferentes estados, se emplean de acuerdo con la exposición del Ejecutivo socialista en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para «reforzar los recursos disponibles» dedicados a depurar responsabilidades en «materia de violencia sexual y crímenes contra la infancia, reformar el apoyo psicosocial que se presta a los testigos y mejorar en las herramientas y equipamiento para la recolección, análisis y procesamiento de pruebas».

Actualmente, el fiscal Khan tiene abiertas un total de 17 líneas de investigación a las que es necesario sumar otras 3 más, en fase preliminar. Entre ellas, –y además de la que sobrevuela a Rusia o la articulada en 2003 contra el régimen talibán de Afganistán– el CPI sigue el rastro de los presuntos crímenes en Gaza, Cisjordania e, incluso, Jerusalén Oriental, desde 2021. Lo que no se desprende del acuerdo ministerial alcanzado por el Gobierno español es si dichas averiguaciones se ciñen sobre Israel de manera exclusiva o afectan, también, de igual modo a la Autoridad Palestina de manera proporcional.

«España, respondiendo a su compromiso con la lucha contra la impunidad y la justicia penal internacional, contribuye financieramente al trabajo de la Fiscalía», explica el Ejecutivo en su acuerdo. Una afirmación que choca, frontalmente, con la impunidad prevista para el procés catalán, y sus cabecillas políticos, que permite la amnistía.

Un Tribunal creado por la ONU

El Tribunal Penal Internacional fue creado en julio de 2002 a iniciativa de la ONU, a través del Estatuto de Roma, y ratificado por 60 países, entre ellos España, que hoy en día ha alcanzado los 123 miembros. China, Estados Unidos, Rusia o Ucrania no aceptan su competencia.

La ONU tampoco ha vivido su mejor semana tras saberse que varios miembros de la agencia de ayuda a los palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), estuvieron directamente involucrados en la masacre perpetrada contra Israel por los terroristas de Hamas, el pasado 7 de octubre. Al menos la mitad de los países que hasta la fecha entregaban más fondos para la causa, anunciaban la suspensión de sus contribuciones, horas después de saltar el esćándalo.

Presionada por las circunstancias, la ONU anunciaba el inicio de una investigación interna en la entidad y la decisión de separar de sus cargos, con efecto inmediato, a algunos de los señalados por las gravísimas acusaciones. Además, en las últimas horas, Naciones Unidas suplicaba ayuda para regresar, cuanto antes, a la normalidad previa a las actuaciones judiciales.