La hoja de ruta de Sánchez para salvar la amnistía de Puigdemont en dos fases

Pedro Sánchez tiene un mes para buscar una salida al callejón en el que ha entrado la amnistía tras el voto en contra de Junts, el pasado martes, al texto de la norma que no incluía las enmiendas exigidas por el partido de Carles Puigdemont para asegurarse el perdón a su líder. Desde que se pusiera en marcha el motor del borrado del procés, el Gobierno no se había enfrentado a ningún revés en sus planes y, tal como están las cosas, desde hace unos días, se enfrenta a una disyuntiva que pasa por dejar caer la legislatura si los separatistas retiran su apoyo al inquilino de la Moncloa o buscar una solución creativa para salvar la delicada, compleja y particular situación judicial del prófugo de Waterloo.

El tiempo juega en contra del ex presidente de la Generalitat que, en las próximas semanas, una vez disuelta la Eurocámara perderá la condición de diputado y, con ello, la inmunidad que hasta ahora ha servido para contener en el Supremo la reactivación de la Euroorden y frenar en Bélgica su entrega. Una petición que, además, sumaría a los delitos de desórdenes públicos agravados y malversación, dos presuntos ilícitos más: el terrorismo y la posible traición.

Fueron, precisamente, los vínculos detectados por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, con las terminales rusas del régimen de Puigdemont los que pusieron en jaque la viabilidad de la norma, a unas horas de la votación parlamentaria, el pasado martes. La imputación por terrorismo al líder de Junts en la causa de Tsunami Democràtic que se sigue en la Audiencia Nacional fue el primer escollo, la posibilidad de que se sumase una segunda derivada por la búsqueda de un apoyo extranjero para hacer financieramente viable la república catalana, la puntilla.

Así las cosas, la única solución posible para los socialistas pasa por salvar la primera dificultad a nivel doméstico. Y, las recientes declaraciones de Pedro Sánchez desde Bruselas, sentenciando una amnistía «para todos», allanan el camino para logarlo. El PSOE está dispuesto modificar el Código Penal y modular el alcance de los delitos de terrorismo dejando fuera aquellos denominados de «baja intensidad» que son los que afectan a los altercados y las protestas por las que Puigdemont está procesado.

A cambio, Junts tendría que claudicar ante la aprobación del texto inicial, sin retoques, de la Ley pactada a cambio del apoyo de los siete diputados de la formación a la investidura. Es la denominada 'vía Asens', en referencia a Jaume Asens que fue el diputado que lo propuso y cuya intervención no es inocua: procede de los Comunes y es el interlocutor de Sumar, esto es de Yolanda Díaz, en las negociaciones con Puigdemont.

Sin embargo, el PSOE se enfrenta a un problema de calado a nivel interno pero también comunitario. Traspasar la línea roja del terrorismo para la amnistía en clave doméstica es un reto jurídico complejo hasta para el Tribunal Constitucional liderado por Cándido Conde-Pumpido. Pero la sombra del implacable e insobornable Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) es un escollo, prácticamente, insalvable.

Europa difícilmente dará luz verde a una Ley a la carta, para una situación concreta que sacrifica los estándares europeos más esenciales en materia de seguridad y cooperación. Ésa será la segunda fase a la que tendrá que enfrentarse el Ejecutivo socialista y, desde luego, la más relevante.