Sánchez se niega a enseñar su expediente académico pese a que el PSOE se lo exigió a Ayuso

Ayuso sí, pero Sánchez no. Ésa es la postura del PSOE al respecto de los expedientes académicos de ambos presidentes: a una le exigieron que lo hiciera público, pese a no haber ninguna sospecha al respecto.

Pero del currículum universitario del presidente del Gobierno, plagado de sospechas por el plagio de la tesis con la que logró el doctorado, silencio absoluto: el propio Sánchez le ha prohibido por escrito a la Universidad Complutense que se haga público, según revela hoy El Debate.

El presidente del Gobierno no quiere mostrar su expediente académico, pese al revuelo generado en la izquierda cuando se publicó que Isabel Díaz Ayuso quería impedir el acceso al suyo. De hecho, el propio Pedro Sánchez ha pedido por escrito a la Universidad Complutense de Madrid que no facilite sus notas universitarias, después de que el centro le pidiera pronunciarse al respecto.

Así consta en la resolución de la UCM, dictada a instancias de este periódico, al solicitar expresamente su expediente universitario, tanto de su licenciatura como de los estudios posteriores en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, ante lo que el presidente ha mostrado su total oposición.

El PSOE hizo campaña contra Ayuso por su expediente académico, justo lo que Sánchez prohíbe ahora hacer público a la Universidad Complutense

Según consta en el escrito, Sánchez ha recordado «la finalidad de la Ley 19/2023, tal como se recoge en su Exposición de Motivos: «Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».

Así responde Sánchez

Sin embargo, el presidente «considera que el acceso a los expedientes académicos completos no parece que sirva al cumplimiento de las citadas finalidades que persigue la Ley, al tratarse de información tanto anterior como ajena a la condición del cargo público que desempeño».

Una opinión que comparte la propia UCM que, en su escrito, en el que desestima la petición, argumenta que teniendo en cuenta que «el presidente del Gobierno es una persona de relevancia pública, resulta razonable el interés general en comprobar la veracidad de los datos académicos que son conocidos y que se han hecho públicos por la persona afectada, en cumplimiento de la obligación de publicidad activa, arriba mencionada».

No obstante, añade que «distinta es la consideración que merecen aquellos otros datos académicos que no son públicos, ya que no es legalmente exigible que lo sean, ni han sido voluntariamente puestas a disposición del público, ni tampoco se requieren para acceder al cargo ocupado».

De hecho, se alinea con Sánchez al asegurar que «la información solicitada no contribuye a un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones, al control de su actividad o de la asignación de los recursos públicos, que es el objeto de las normas de transparencia», por lo que debe priorizarse «la protección de datos de carácter personal frente al interés público en conocer esta información».

La campaña contra Ayuso

Una respuesta que contrasta con la postura del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que exigió a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que enseñase su expediente académico porque para presentarse a unas elecciones, según Lobato, no se les exige «tener una titulación», pero sí «decir la verdad, ser honestos y transparentes», algo que su jefe de filas no lleva a la práctica.

Aun así, pese a que numerosos medios se hicieron eco de la resolución del Consejo de Transparencia de Madrid, asegurando que Ayuso debía mostrar su expediente académico, se trata de una información errónea, pues lo que ordenó este organismo era enviar la solicitud a la UCM, ya que la Consejería de Presidencia no disponía de los datos solicitados.

Bien es cierto que lo califica de información pública, ya que «dado que estamos ante información relativa a un expediente académico, que son datos recogidos por una administración pública, que obran en su poder, y han sido obtenidos en el ejercicio de sus funciones y competencias», sin embargo, considera que la UCM es la que debe pronunciarse, «antes de resolver el fondo de la cuestión» y si el centro sigue la doctrina marcada en el caso de Sánchez considerará que no debe ser público.