El largo viaje al infierno de Sánchez hasta rendirse incondicionalmente ante Puigdemont

Cuando los CDR desataron una especie de Intifada en las calles de Barcelona, Pedro Sánchez acudió a visitar a los policías nacionales lapidados a pedradas y dejó claro que aquello era terrorismo con una solemne declaración institucional un 16 de octubre de 2019:

«En nombre de toda la sociedad española deseo trasladarles el reconocimiento y la gratitud por su indispensable labor en la defensa de la legalidad constitucional y también igualitaria en Cataluña».

Ese mismo año, en una entrevista con el periodista Juan Pedro Valentín en Telecinco, aumentaba la calificación de terrorismo al señalar como cómplices, inductores o legitimadores de los grupos violentos a los partidos políticos separatistas: «Por supuesto que me preocupa y, de hecho, lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto de terrorismo».

Sánchez hablaba así, e incluso calificaba al sucesor del prófugo Puigdemont, Quim Torra, como «Le Pen de la política española», pese a que en realidad ya había iniciado el camino de su rendición en 2018, al presentar una moción de censura que solo podía prosperar gracias a quienes, casi cinco años después, le tienen literalmente secuestrado y le cobran, paso a paso, el mayor «impuesto revolucionario» nunca visto ni abonado por un presidente democrático.

Una amnistía total, que a diferencia de la de 1977, reclamada sobre todo por la izquierda para sacar de prisión a los presos del franquismo y sumarse a la Transición, servirá para redoblar el proyecto separatista. Y para intentar borrar los episodios de terrorismo y las conexiones con Putin, pese a que Europa ha puesto ya los ojos sobre Sánchez y la Comisión de Venecia fiscaliza la salud del Estado de derecho en España.

Ésta es la crónica del viaje al infierno de Sánchez, una especie de Fausto de andar por casa que vendió su alma política a un Mefistófeles de Waterloo, otro de Elgóibar y uno más de San Vicente del Horts a cambio de una Presidencia inviable. Todo empezó con unos indultos que el propio Gobierno creía que no se merecían.

Impunidad total

Ni alta traición ni terrorismo ni Golpe de Estado. Sánchez ha pasado en un lustro de competir con Rajoy en dureza contra el separatismo a buscar un eufemismo, imponer una reforma y elegir un peón de limpieza a cada mancha de sus interventores.

El caso más clamoroso tal vez, por la contundencia de la postura del Gobierno y la jerarquía del documento donde la registró, aparece en los expedientes de los indultos a nueve condenados por secesión, revelados por El Debate tras una larga investigación que abrió la caja fuerte de los secretos de La Moncloa.

Se trata de un largo documento de 515 páginas, más anexos, redactado en su parte principal por el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, asumido como algo suyo por el propio Pedro Sánchez y el resto del Gobierno.

Y si ello sirvió para perdonar a los reos las condenas impuestas por el Tribunal Supremo, también valió para rechazar frontalmente una Ley de Amnistía que hoy está a punto de invertir los términos: será España quien, de algún modo, tenga que pedir disculpas a los rebeldes y concederles buena parte de las exigencias que los llevaron a delinquir.

Sánchez sí veía terrorismo en Cataluña y organizó la Seguridad Nacional en torno a esa amenaza

«A diferencia de la amnistía que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito», decía Campo en la página 120, punto 34, del primer gran posicionamiento del Gobierno para rechazar lo que ahora impulsa.

Los expedientes de los indultos no fueron solo una manera de sacar de prisión a los procesados, con Oriol Junqueras al frente, sino también la primera prueba de todo lo que Sánchez está malversando ahora, a golpe de reformas arbitrarias y de dudosa legalidad, amparándose en letrados del Congreso elegidos con el rechazo de sus compañeros y, probablemente, la colonización del Constitucional con Conde Pumpido y sus fieles.

«El ejercicio del derecho de gracia (…) establece que no podrán autorizarse indultos generales. La Constitución ha querido, por tanto, que los únicos indultos que pueda conceder el Gobierno sean de carácter singular o particular, a personas concretas individuales, no a un colectivo genérico». La frase es literal de Campo, aparece en el mismo expediente publicado por este periódico, en el punto once de su página cien, y fue firmado un 22 de junio de 2021.

También el terror y la traición

Nadie demuestra mejor que el propio Gobierno, pues, hasta dónde llega el chantaje de Puigdemont y hasta qué punto se acepta. Y si la amnistía quedó desmontada por Sánchez como forma para tratar de justificar los indultos, el resto de las acusaciones, sospechas y presuntos delitos cometidos o ideados por el separatismo que ahora se quieren borrar también tuvieron, de nuevo en el Gobierno, uno de sus principales denunciantes.

Lo que ahora no es ya terrorismo sí lo era en la estrategia oficial del Departamento de Seguridad Nacional, firmada en persona por Pedro Sánchez, que en una de sus notas de trabajo consignada un 27 de octubre de 2019 dice literalmente lo siguiente para referirse a la violencia en Cataluña:

«(…) Se han llevado a cabo sabotajes en la vía férrea (…) y Figueres se mantiene interrumpida al colisionar uno de los trenes (…) con un tronco, de los tres previamente talados y colocados sobre la vía. Este tipo de acciones se corresponde con la estrategia del independentismo violento, que quiere cortar las vías de ferrocarril y las carreteras. Sabotajes de este tipo pueden provocar accidentes de graves consecuencias».

El propio Sánchez presidió en persona Comités de Situación por Cataluña y temió que el tráfico aéreo llegara a estar amenazado

Pero hubo más, según detallan fuentes ubicadas, en aquellos tiempos, en la Seguridad Nacional y demuestra la huella documental recabada por El Debate: hasta en dos ocasiones el propio Sánchez presidió el llamado «Comité de Coordinación sobre Cataluña», una figura reservada para las grandes amenazas a la seguridad nacional en la que estaban presentes también la vicepresidenta, entonces Carmen Calvo, y los titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Justicia y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros.

«Estas células solo se crean ante crisis que afecten a la seguridad nacional», ratifican, rememorando aquellos días de 2019 en los que se llegó a temer la ocupación del aeropuerto de Barcelona y la suspensión del tráfico aéreo, una acción definitoria del terrorismo clásico.

Son ejemplos de cómo el rechazo a la amnistía o la denuncia del terrorismo eran algo más que posiciones públicas efímeras de Sánchez: formaban parte de la ingeniería jurídica con la que, para aprobar medidas de gracia puntuales, desmontaban a la vez la impunidad total del procés y quería zanjar de paso concesiones que hoy se negocian hasta en Suiza.

Y modelaban la mismísima hoja de ruta de la defensa nacional, muy pendiente de la violencia en Cataluña y, también, de la desestabilización internacional de agentes externos como Rusia que el Gobierno también ningunea ahora para contentar a Puigdemont, mientras el Parlamento Europeo le exige que investigue y deje trabajar a los jueces:

«La presente estrategia (…) entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales». Son palabras del puño y letra de Sánchez, anexas a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 que también señalaba la contención de las amenazas «híbridas» como una prioridad.

Es decir, de las injerencias de países como Rusia en las democracias occidentales, justo lo que investiga un juez de Barcelona entre desprecios del independentismo y ataques del mismo Gobierno que lo consideraba antes un peligro real y preferente.

De fiscal a abogado defensor de Puigdemont

El terrorismo, la sombra de Putin o la independencia han desaparecido del discurso de un Gobierno que, a la vez, toma decisiones a contrarreloj para desmontar, perseguir o anular a quienes mantienen esas acusaciones y sospechas e intentan que el Estado de derecho no decline.

Hubo un día en que Sánchez coincidió con ellos, como demuestran las pruebas documentales acumuladas por El Debate, pero se antoja ya muy remoto. Ahora el presidente del Gobierno es el primer abogado defensor de una causa que, no hace tanto, consideraba el mayor peligro para España.

La cruel paradoja de Sánchez es que, mientras él acepta negociar en Ginebra con Puigdemont y un relator internacional el desmembramiento del Estado de derecho; Bruselas intermedia por España de manera oficial para cuidarlo.

Hubo un día en el que el actual presidente del Gobierno elevó a la categoría de amenaza principal de la democracia española todo lo que, a partir de los indultos, ha ido deshaciendo, paso a paso, hasta llegar a una meta que ya roza con los dedos pero que, viendo la respuesta de la Justicia y de Europa, ya no tiene garantizada.