Miguel Àngel Carballo, de azote del terrorismo a alinearse con el Gobierno en la rebaja de Tsunami Democràtic

Miguel Ángel Carballo (1964) se ha convertido en la punta de lanza de la Fiscalía contra la investigación de la causa de Tsunami Democràtic que afecta, por terrorismo, a Carles Puigdemont, en la Audiencia Nacional. Uno tras otro, sus escritos se apartan de las conclusiones recogidas en los informes de la Guardia Civil sobre la plataforma separatistas y contradicen las razones del magistrado Manuel García-Castellón para señalar al ex presidente catalán como cabecilla de una organización cuyo objetivo era, según apuntan los indicios y recoge el juez en sus autos, «subvertir el orden constitucional».

El fiscal que trabaja, a destajo, para desmontar la acusación en la fase preliminar de la causa llegaba a su puesto en 2006 procedente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real donde, según apuntan algunas fuentes de toda solvencia, y como avanzó este diario, ahora aspira a volver como fiscal jefe a dicha circunscripción. De hecho, ha solicitado la vacante correspondiente que, según ha podido saber EL DEBATE ya ha salido a concurso.

Carballo, ascendía como teniente fiscal de la AN, en 2017 –de la mano de José Manuel Maza, el fiscal general que confeccionó la querella contra el procés de Cataluña– y experto en terrorismo yihadista. Pero descendió a su plaza originaria con Dolores Delgado que prefirió decantarse por una fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que ella misma había sido miembro, para la última renovación del puesto.

Su formación y trayectoria le han llevado a situarse como encargado de los procesos de la banda terrorista ETA a los que, sin embargo, también ha ido dando oxígeno en los últimos tiempos, por diferentes motivos y en momentos distintos.

No en vano, como El Debate contó en exclusiva, él fue el encargado de asumir la acusación en la reapertura de la causa contra los autores intelectuales del secuestro y asesinato del concejal vasco del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, cuando su responsable inicial, el fiscal Vicente González Mota, se negó a cambiar el criterio del Ministerio Público que apostaba por dejar de indagar alegando la prescripción de los delitos. Carballo estuvo al quite y no tuvo reparos en asumir una posición que, sin embargo, más tarde fue rechazada por la Junta de Fiscales de Sala.

De un tiempo a esta parte la Fiscalía de la Audiencia Nacional «es un completo despropósito» lamentan fuentes judiciales. Y quienes lo apuntan recuerdan como Miguel Àngel Carballo, junto con su jefe Jesús Alonso, ha estado concernido en la maniobra que modificó, tras las elecciones generales del 23-J, el dictamen inicial por el que se apuntaba al terrorismo de Tsunami que, tan sólo tres días después de los comicios, mutó a desórdenes públicos agravados.

Un presunto «error» de un fiscal de guardia fue la explicación oficial una vez desvelada la maniobra. «Difícil» encajarla si se tiene en cuenta que el Ministerio Público opera «ahora más que nunca», desde la llegada de Álvaro García Ortiz al frente de la institución por un principio de jerarquía que «no permite mover un papel» sin que esté «previamente visado por un superior».

Carballo, sostiene «que no puede establecerse conjetura alguna» sobre la intervención del que fuera presidente de la Generalitat, ni por lo tanto incluirle en un procedimiento sobre el que «no se han arrojado elementos que permitan mantener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional».