Illa dictó una orden para que un funcionario incluyera al proveedor de Ábalos en el contrato de 2.500 millones

El exministro de Sanidad, Salvador Illa, dictó por escrito una orden para que su número tres en el organigrama incluyera a la empresa de la Operación Delorme, la trama de mordidas de Koldo, el asesor del exministro José Luis Ábalos, en un megacontrato de 2.500 millones de euros. El Debate ha tenido acceso a una declaración que el funcionario que firmó el contrato con la compañía investigada prestó hace dos años ante la juez Concepción Jerez, titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Sostiene que Illa estaba informado en todo momento y que había «asesores externos» que proponían a los contratistas.

Se trata de Alfonso Jiménez Palacios, hoy jubilado. Tras el nombramiento de Illa como ministro le fichó como director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Este organismo fue el que canalizó de manera centralizada durante los peores meses de la pandemia del coronavirus las compras masivas de material sanitario. Entre todas las que se hicieron destacó un contrato de 2.500 millones de euros. Esta amplia partida presupuestaria comprendía 11 lotes con contratos cuyos objetos que comprendían la adquisición de mascarillas y batas médicas.

La empresa Soluciones de Gestión fue una de las que Sanidad incluyó en este megacontrato. En concreto se le otorgaron dos lotes (comprendidos con los números 8 y 9). El funcionario Jiménez Palacios, investigado en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid declaró el 7 de abril de 2022 que escogió esta empresa y el resto de compañías seleccionadas tras recibir una «orden ministerial comunicada del ministro». Es decir, del propio Illa. También explicó que se creó un equipo multidisciplinar de expertos que proponían qué empresas tenían que ser contratadas.

«Era una situación realmente dramática y, en esos momentos, a mí se me encargó una orden comunicada del ministro para adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos para hacer frente a esa situación», sostuvo Jiménez Palacios. Posteriormente desveló la existencia de asesores externos que influían en la elección de las empresas adjudicatarias. «El Gobierno decidió reforzar a Ingesa con un equipo multidisciplinar de altos funcionarios donde había gente de Hacienda, de la Agencia Tributaria, del Instituto de Comercio Exterior, de Industria, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de AENA, etc», continuó.

«Muchos organismos, que fue el equipo que se dedicó a localizar a los proveedores y luego me pasaban a mí la propuesta, en muchos casos ya con la factura proforma correspondiente, y yo ponía en marcha todo el procedimiento administrativo de compra como, por ejemplo, la memoria justificativa», afirmó. Ante estas explicaciones la juez le preguntó: «¿O sea que son otras personas las que eligen al vendedor?». Su respuesta fue: «Las que lo buscan y me lo proponen. Obviamente, el que lo firmo soy yo. No es que quiera quitarme responsabilidades, en absoluto».

La existencia de personas ajenas a Sanidad que tuvieran poder de decisión llamó la atención de Su Señoría, que siguió preguntando en ese sentido. «Quiero decir, que a usted le dicen: «Hay éste y éste, elija el que quiera». ¿O sólo le dan uno porque no hay más?», siguió. «En muchas ocasiones me dan uno y a un precio», respondió el funcionario. Otra de las personas que también señaló al exministro fue Patricia Lacruz, exdirectora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, quien sostuvo que daba marte a Illa «de manera sistemática».