El fiscal general mantiene su política de nombramientos afines bajo la lupa de la Comisión Europea de Justicia

La política de nombramientos del fiscal general del Estado quedaba comprometida tras la decisión del Supremo de anular la designación de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal togada de lo Militar del Alto Tribunal. Una decisión en la que cometió una "desviación de poder para ascender a su mentora a la más alta categoría del escalafón de la Carrera. No era la primera vez que Álvaro García Ortiz elegía, incluso en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, un perfil afín para ocupar un puesto de relevancia en la institución.

De hecho, desde su llegada al frente del Ministerio Público, García Ortiz ha continuado con la tendencia iniciada por Delgado para consolidar un dudoso récord que, tan sólo en el seno de la Junta de fiscales de Sala, ha supuesto colocar a más de una veintena de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que él mismo perteneció en el pasado, entre los treinta y seis integrantes totales.

Poco parece importar al fiscal general que, esta misma semana, la enviada especial de la Comisión Europea de Justicia, María Álvarez Torne, visite nuestro país como parte de la supervisión a los estándares de independencia judicial y transparencia del Ministerio Fiscal. No en vano, García Ortiz se reunirá con la delegada comunitaria el próximo miércoles día 6, horas más tarde del Pleno del Consejo Fiscal en el que tiene previsto abordar una nueva batería de nombramientos de fiscales «de su cuerda» para «seguir colonizando puestos clave, y no tan clave», según apuntan a EL DEBATE fuentes próximas a la institución.

Entre ellos, la plaza de la jefatura de la Fiscalía de Ciudad Real a la que aspira el que, hasta la fecha, ha sido el polémico encargado del Ministerio Público para el caso Tsunami Democrátic en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo quien, si bien pertenece a la Asociación de Fiscales (AF), hace algún tiempo que persigue «los favores necesarios» para hacerse con la vacante. Cabe recordar que Carballo accedió a modificar el criterio jurídico inicial de la Fiscalía en dos causas muy relevantes: la reapertura del procedimiento contra los dirigentes de ETA que idearon el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco; y, el terrorismo de Carles Puigdemont en los altercados violentos, de 2019, en Cataluña.

Pero también otros puestos que, como el de jefe de la Unidad Coordinadora de la Fiscalía de Menores, han estado en el centro de la polémica, hasta tal punto de haber sido anulados hasta en dos ocasiones por la Sala Tercera del Supremo. En este caso, García Ortiz baraja designar a una de los dos candidatos que concurren a la misma, la que hasta ahora era la superior del Ministerio Público en la Comunidad Valenciana, de la UPF. El mejor posicionado, por méritos objetivos, trayectoria y experiencia específica es el fiscal José Miguel de la Rosa, una «eminencia con más de 100 publicaciones a sus espaldas en la materia», en palabras de sus compañeros.

Sin embargo, podría «pasarle factura» el hecho de que De la Rosa, de la mayoritaria Asociación de Fiscales, cosechó dos victorias judiciales en sendos recursos planteados ante el Alto Tribunal contra el aspirante nombrado por Delgado para esta plaza, antes de dimitir de su cargo. El fiscal Eduardo Esteban obtuvo entonces cinco votos de los vocales electivos del órgano frente a los seis de su rival directo quien logró anular la designación realizada con una «falta de motivación suficiente».