El juez bloquea el Ferrari del comisionista de la trama PSOE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama de corrupción del PSOE ha decidido bloquear el Ferrari Portofino arrendado por Víctor de Aldama. Los investigadores lo señalan como el presunto conseguidor de la trama en la que se habrían pagado comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia; y en la que participó Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ha accedido a la solicitud de bloqueo formulada por la Guardia Civil y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. Además, autoriza que el vehículo de lujo intervenido, de color negro, se traslade a un depósito judicial mientras se sigue con la investigación para conocer en profundidad los detalles de los pagos.

El juez explicó en un escrito e1 pasado 1 de marzo, que el Ferrari Portofino es propiedad de una compañía que no forma parte del procedimiento y está arrendado a MTM 180 Capital SL, empresa de la que es titular de Aldama. Esta sociedad habría sido utilizada para el encubrimiento y reparto de comisiones. Sin embargo, de Aldama asegura que se trata de un coche que es propiedad de una empresa de renting y no suya.

«De estar en régimen de renting, se habrían realizado una serie de pagos que pueden originar unos derechos de adquisición», indica el juez de Anticorrupción, que justifica el bloqueo señalando que lo que se pretende es evitar «su enajenación en tanto no se clarifique la propiedad real y los posibles derechos adquiridos, dado su elevado valor nominal y la posible utilización de fondos propios del investigado no conocidos».

El juez sospecha que de Aldama «podría haber empleado las ganancias obtenidas en el pago de los plazos fijados en el contrato de renting y de otras cantidades estipuladas en el contrato, con carácter previo a la adopción de una decisión sobre el destino del vehículo».

De Aldama fue uno de los detenidos al estallar lo que el Ministerio Público ha llamado «Operación Delorme», y según la Fiscalía Anticorrupción se habría embolsado un total de 5,5 millones de euros únicamente por participar en la trama PSOE y consideran que el empresario habría recurrido al exasesor del Ábalos, para «agilizar trámites» con el Ministerio de Transportes para conseguir los contratos de mascarillas.