Sánchez amplía la amnistía hasta 2011 e incluye la reunión en la que los Pujol idearon el 'procés' para tapar la trama del 3%

Una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 entre los máximos dirigentes de la entonces Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) daba el pistoletazo de salida al procés, el plan secesionista con el que la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol trató da ocultar varias tramas de corrupción que les implicaban directamente como el 'caso 3%' o el 'caso ITV'. Ahora, el Gobierno ha confirmado el pacto alcanzado con Junts, herederos políticos de la hoy desaparecida formación, para ampliar al horizonte temporal de los delitos incluidos en la polémica Ley de Amnistía. Una cesión que permitirá a los Pujol beneficiarse, también, del borrado penal en trámite de aprobación parlamentaria.

No en vano, la Policía confirmó que la primera cita orquestada por los cabecillas políticos del independentismo catalán, se repitió en varias ocasiones a finales de diciembre del mismo año 2011, incorporando a tres de los hijos del ex político: Oriol Pujol, Josep Pujol y Jordi Pujol Jr. A partir de esta segunda ronda de encuentros, Felip Puig –consejero de Interior del Govern desde diciembre de 2010 a diciembre de 2012– fue el encargado de controlar los avances del proyecto ideado para desviar la atención e iniciar los trámites para la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de la república.

Así las cosas, la nueva enmienda acordada por los socialistas con sus socios separatistas extiende la amnistía a los actos preparatorios del procés, entre los que quedarían integrados dichos cónclaves del clan catalán de los Pujol, trece años después de que los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía evitasen que los Mossos d'Esquadra destruyeran, en una incineradora, los documentos y notas de la Generalitat que pusieron al Estado español sobre la pista de sus verdaderas intenciones.

La pericia de los efectivos de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Barcelona truncó el intento de los Mossos por hacer desaparecer, quemada, diversa documentación comprometida de la era Pujol. Entre la misma, una nota informativa sin membrete, fechada el 12 de octubre de 2012 en la que se recogía cómo el arranque del procés bebía del «Plan Independentista de CDC». El dictamen policial calificó dicho texto como un «resumen» de las actuaciones llevada a cabo por «ciertos dirigentes de CDC y de Unió para camuflar el cobro de comisiones y/o sobornos» recibidas mientras se encontraban en el poder.

Y es que, si bien en noviembre de 2023 era el propio PSOE, quien, a través de su número 3 Santos Cerdán, confirmaba que el borrado penal pactado con los de Carles Puigdemont –a cambio del 'sí' de los siete diputados de Junts, para la investidura de Pedro Sánchez– afectaría a toda «la gente que ha estado relacionada con el procés desde sus inicios en 2012 a 2023»; en las últimas horas, vía enmienda transaccional, ese lapso temporal se ha visto modificado a favor de los intereses de sus primeros y más antiguos ideólogos.