Feijóo y los barones del PP alertan: «La democracia española vive uno de los momentos más graves de la historia»

La reunión que a lo largo de todo el sábado ha mantenido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por su partido ha concluido con una 'Declaración de Córdoba' que a lo largo de siete puntos muestra su compromiso «con la Constitución, con España y contra la corrupción política y económica del PSOE».

En el documento, los 'populares' mantienen que «el modelo de Estado amparado por la Constitución de 1978 sigue siendo la mejor garantía de nuestra convivencia y prosperidad porque en ella se reconocen la inmensa mayoría de los españoles».

Aseguran que «el actual Gobierno central ha elegido vivir permanentemente extorsionado por el independentismo» y recuerdan que «aunque la Constitución siempre ha contado con detractores en los partidos independentistas, éstos nunca como en la actualidad habían tenido tanta capacidad de influencia».

Por eso, consideran que la ley de amnistía que el pasado jueves fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados «consuma el mayor ataque a la igualdad entre españoles y al Estado de Derecho» ya que «es una norma que se cimenta en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos».

Caso PSOE

El Partido Popular denuncia que «el intento de desactivar» a través de la Ley de Amnistía del Poder Judicial «es un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático» que coincide en el tiempo con un PSOE «acorralado por una trama de corrupción que afecta a miembros del Gobierno del más alto nivel y a la tercera autoridad del Estado».

Recuerda el Partido Popular que sus gobiernos autonómicos corresponden al 70 % de la población. Por eso reclaman la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que el presidente Sánchez se niega a convocar, «una situación que contrasta amargamente con la colección de cesiones unilaterales, reuniones a la carta con sus socios e incluso encuentros clandestinos fuera de la UE para negociar privilegios en nombre de todos los españoles».

Responsabilidad histórica del PSOE

Y en alusión directa a los socialistas, los 'populares' advierten «de la responsabilidad histórica que todo el PSOE, sin excepciones de ninguna clase, está asumiendo al tratar de disfrazar la ley de impunidad como un ejercicio de reconciliación, que no es real, ni específicamente en Cataluña ni tampoco en el conjunto de España. Más allá de la inmoralidad e ilegalidad del texto legislativo, su impulso ya ha derivado en la división de nuestro país en dos y en que el independentismo se sienta impune para reactivar su propósito de autodeterminación, tal y como manifiestan pública y reiteradamente».