Ortega Smith: «El Gobierno no es rehén de ningún chantaje, es socio colaborador de los golpistas, sin moral ni principios»

La Comisión de Justicia aprobó este jueves el nuevo dictamen de la ley de amnistía hecha a la medida de Carles Puigdemont, como pedía Junts, y el día 14 de marzo será previsiblemente aprobada en el Congreso. Los separatistas ya han avisado de que esto no acaba aquí.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith, portavoz del partido en esa comisión, recibe a El Debate en el Salón de Plenos de la Cámara Baja para analizar qué supone esta «ley de la claudicación»-como también la llama- y qué panorama se dibuja. «La situación a partir de ahora es todavía más preocupante que en 2017, porque teníamos la legitimidad de las instituciones y los instrumentos del Estado para defendernos frente a quienes querían destruirlo», advierte quien fuera abogado de la acusación particular en el juicio del procés.

–Vox denunció que se celebrase la reunión de la Comisión de Justicia y la opacidad con la que se hizo, al no haber tenido los diputados conocimiento de las enmiendas incluidas hasta el momento en que iba a comenzar. ¿Qué supone todo esto?

–No se podía haber celebrado esa sesión porque el Pleno del Congreso, por mayoría absoluta, había rechazado esta proposición de ley y por tanto, tenía que haber empezado de nuevo si querían tramitarla, pero nunca haberla convalidado mediante enmiendas. Pero esa es la cuestión formal. La cuestión de contenido verdaderamente grave es que lo que han aprobado es una ley de amnistía que legitima un golpe de Estado y que lo hace además escrita a la carta de cada uno de los prófugos, de los condenados, de los investigados. Han redactado una ley pensando en cada uno de los que tienen que amnistiar, para que en cada una de sus circunstancias personales no puedan volver a sentarse delante de un juez y tener que cumplir una sentencia.

Es una auténtica aberración desde el punto de vista legal. Demuestra lo que ya dijo Vox hace mucho tiempo: Pedro Sánchez compra los votos para lograr su investidura y compra los votos para aprobar su presupuesto regalando lo que no es suyo, que es la soberanía nacional, el respeto a la legalidad, la igualdad de los españoles ante la ley, la división de poderes, despreciando a los jueces y a los españoles que sí cumplimos la ley.

–¿Ha dudado alguna vez de que pudiese no salir adelante ese acuerdo entre el PSOE y los separatistas?

–Bueno, no vamos a engañarnos. Desgraciadamente, con un Gobierno sin límites absolutamente rendido a sus intereses personales y unos socios dispuestos a conseguir su objetivo, la más absoluta impunidad para volver a intentar un golpe de Estado, evidentemente iba a haber una confluencia de intereses entre los de un Gobierno que necesita los votos para mantenerse en el poder y los de unos golpistas que necesitan a este Gobierno para lograr, primero, no entrar en prisión o salir de la prisión, y segundo, poder avanzar en su objetivo indisimulado y declarado. Lo han dicho claramente: no es un punto final.

Han redactado una ley pensando en cada uno de los que tienen que amnistiar para que no puedan volver a sentarse delante de un juez

–¿Cree que todas las cesiones del Gobierno al separatismo verdaderamente se producen por un chantaje de los independentistas?

–No, no hay chantaje que valga. Un chantaje es cuando alguien fuerza a alguien, con amenaza de llevarle a un mal para él, a que tenga que hacer algo con lo que no está de acuerdo. Este Gobierno no es rehén de ningún chantaje; es socio colaborador de los golpistas. Pacta con ellos porque le interesa. No tendría ninguna obligación si tuviera un mínimo de dignidad.

Tendría que haberse plantado y haber dicho que jamás pactaría con los separatistas, que nunca les concedería nada, y convocar elecciones. No lo hace porque no le quede más remedio; lo hace porque en el fondo es un Gobierno sin moral, sin principios, que no cree en España, ni en la Constitución, ni en el Estado de Derecho, ni en la igualdad de los españoles, y que, por tanto, está dispuesto a entregar lo que sea necesario a cambio de sus intereses.

–Félix Bolaños defendió esta semana que esta ley es plenamente constitucional y que cierra una etapa de conflicto y abre otra de diálogo, reencuentro y convivencia. ¿Qué escenario se abre en Cataluña?

–Ya que según él y su Gobierno se cierra una etapa oscura, según ellos, de enfrentamiento, de división y se abre una nueva etapa dentro de la Constitución, de convivencia...¿por qué no dijo que esperaba públicamente que los líderes separatistas de Junts, de ERC, afirmasen claramente que a partir de hoy renuncian a sus objetivos separatistas? No tuvo ni que decirlo porque, según estaba hablando, veíamos a los representantes de los partidos golpistas diciendo que no renuncian a ninguno.

La ley de amnistía es la herramienta necesaria de los golpistas para quedar legitimados y protegidos. Es como si fuera una bula que les permite poder intentar nuevamente el golpe de Estado, la declaración de independencia de Cataluña, sin el miedo a verse sentados en el banquillo como lo estuvieron a partir del 2017, gracias especialmente a la acusación popular de Vox.

Aquí el PP una vez más ha quedado retratado. No hizo absolutamente nada cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Ahora se rasgan las vestiduras, pero son ese mismo partido que no tiene ningún problema en estar legitimando y blanqueando a Sánchez, reuniéndose con él, como si España fuese una colonia, con el comisario europeo Reynders para llegar a un acuerdo para la renovación del CGPJ.

–¿Cree que cala el relato del Gobierno de esa etapa de diálogo y convivencia y que Cataluña está mejor ahora?

–Creo que si hiciéramos una encuesta entre la mayoría de los españoles, más concretamente quienes viven en Cataluña, no tienen ninguna duda de que la situación se convierte en doblemente preocupante. Porque hasta ahora, aunque las amenazas de los separatistas siempre han sido muy claras, uno se agarraba a su convencimiento de que las instituciones son más fuertes, de que allí estaban nuestros agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigando, nuestros jueces, nuestros fiscales, la sociedad manifestándose, y que al final se les iba a derrotar.

Pero esta ley en vez de amnistía podría llamarse una ley de rendición del Estado de Derecho. Lo que se está diciendo es que lo que hicieron estaba bien y que los que nos equivocamos fuimos el resto. Se equivocó Su Majestad el Rey, las Fuerzas y Cuerpos del Estado, los jueces, los fiscales, los abogados de la acusación...nos equivocamos todos. Porque los que tenían razón eran ellos. Eso es lo que dice esta ley. Desgraciadamente, a partir de su aprobación, salen reforzados los golpistas y nada menos que teniendo como socio al Gobierno, que debería ser el primer actor en la defensa de la legalidad, de la Constitución y de su fundamento, la indisoluble unidad de la Nación española.

–¿Considera que la pérdida de la legitimidad de las instituciones es reversible?

–Claro que es reversible. En Vox nunca arrojamos la toalla. Sabemos que las dificultades son muy grandes y que en muchos temas estamos solos, pero tenemos una confianza absoluta en que la inmensa mayoría de los españoles, de los jueces, de los fiscales, de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, de las instituciones, de las asociaciones cívicas van a luchar para que no llegue a confirmarse ni a consolidarse ese objetivo de ruptura y de destrucción de la unidad nacional.

El Gobierno debería ser el primer actor en la defensa de la legalidad, de la Constitución y de su fundamento, la indisoluble unidad de la Nación

Pero hace falta valentía. Desgraciadamente otros partidos como el PP han demostrado que no la tienen, porque cuando llega la hora de la verdad, por ejemplo, cuando tuvo la oportunidad de aplicar un 155 permanente, que hubiera desmontado todas las instituciones del separatismo, hizo un amago para convocar inmediatamente elecciones y darles mucha más fuerza.

–Ante esta ley que blinda a Puigdemont, todo el terrorismo, la alta traición...Vox ha presentado una ofensiva parlamentaria, y entre esas medidas se encuentra la propuesta de que los prófugos de la justicia no puedan ser elegidos. ¿Cómo la plantean?

–Vemos que hay que ir al fundamento importante, el ataque al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la independencia judicial, y creemos que hay muchas maneras de combatirlo. Muchas de esas iniciativas las hemos llevado con anterioridad a la Cámara y no hemos tenido el apoyo suficiente. Por ejemplo, la de la ilegalización de los partidos que sean abiertamente separatistas. Otra de las medidas ha sido lograr que CGPJ pueda ser un órgano verdaderamente elegido en su mayoría por los jueces y magistrados y no como hasta ahora por los partidos políticos.

Y la tercera es una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que todas aquellas personas que sean prófugas de la justicia, que estén siendo investigadas, perseguidas por graves delitos de terrorismo, contra la Constitución, de rebelión, etc, no puedan ser elegibles. Les negamos el derecho al sufragio pasivo, a poder formar parte de candidaturas, porque es la única manera que nos puede garantizar que no entren en las instituciones para demolerlas desde dentro.

Las instituciones tienen el derecho de defenderse y, por tanto, no es democrático ni es legítimo que entren en ellas quienes son prófugos de la justicia ni quienes lo hacen para destruir la convivencia y pisotear la Constitución. Igual que no se permitiría que hubiera un partido neonazi, racista, xenófobo, o uno que sea un lobby de una mafia criminal o del narcotráfico o de una organización terrorista, no puede haber organizaciones filoterroristas como Bildu, ni separatistas como ERC o como Junts.

No es democrático ni legítimo que entren en las instituciones prófugos de la justicia ni quienes lo hacen para destruir la convivencia

–Ha mencionado también esa propuesta, que han llevado en pleno contexto de negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ, para modificar el sistema de elección de los jueces para evitar las injerencias políticas...

–Sí, nosotros creemos que el espíritu de la Constitución fue muy claro y así lo reflejó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, la de 1980. De tal manera que de los 20 vocales que conforman el CGPJ, la mayoría, doce, debían provenir de la elección democrática de los jueces y magistrados de España y por tanto, sin injerencias de partidos, ni de asociaciones, ni de avales, ni de intermediarios.

Pero claro, eso significaba no poder controlar el CGPJ. Al PSOE eso no le gustaba, y cuando gana las elecciones en 1982, promueve la reforma de la Ley Orgánica de 1985 y a partir de entonces, tanto el PSOE como el PP han mantenido una ley que en el fondo les garantiza que la totalidad de los vocales esté mediatizada, controlada. Lo más que se hicieron fueron dos reformas por el PP en 2001 y en 2013, pero las dos iban en el mismo camino. O necesitabas los avales de una asociación judicial o había unos precandidatos nombrados por estas asociaciones que al final tienen todas vínculos con partidos.

–La deriva que estamos viendo, con el intento de controlar el poder judicial, los ataques a los jueces, la creación de comisiones parlamentarias para investigarles..., ¿qué mella deja en nuestro Estado de derecho?

–Pues muy grande. La fuerza de los jueces y magistrados en todos los países democráticos estriba en que les ampara la ley, en que sus actuaciones no pueden verse interferidas o sujetas al poder político y económico. En este momento, cualquier juez y magistrado de España se dará cuenta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los partidos políticos, han decidido que sus decisiones son papel mojado, que cuando no les interesa que procesen a un político golpista, o que ha malversado, que ha desobedecido a los tribunales, todo depende del color político de ese partido y por tanto, ya no somos todos iguales ante la ley.

El mensaje que se está trasladando es que hay algunos que tienen privilegios, que pueden saltarse el Código Penal, la Constitución, la sentencia de los tribunales y hacer lo que les venga en gana, porque si cometen cualquier infracción o delito quedarán indultados y amnistiados. En cambio, al pobre español de a pie le cae todo el rigor de la ley y no hay ni amnistía ni indultos, porque no es de la casta de los políticos. La igualdad de los españoles ante la ley no es negociable.