El Congreso aprueba este jueves una ley de amnistía de la que el PSOE no saldrá ileso

Llegó el día. Cuatro meses después de que el grupo parlamentario socialista registrara en el Congreso la proposición de ley orgánica de amnistía, el Pleno aprobará este jueves la norma nuclear de la legislatura. La que permitió a Pedro Sánchez ser investido presidente en noviembre, a pesar de haber perdido las elecciones generales. Y lo hará horas después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, diera una patada al tablero político al adelantar las elecciones al 12 de mayo.

Si se cumple el guion previsto, el que Junts obligó a reescribir tras el Pleno del pasado 30 de enero –cuando echó atrás la norma por insuficiente–, la polémica ley saldrá adelante con 178 votos a favor, dos por encima de la mayoría absoluta. Incluidos los de los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, a pesar de lo crítico que ha sido Emiliano García-Page con esta amnistía. «Pone de rodillas a la Constitución», señaló el lunes.

Ese mismo día, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis le contestó desde la sede del PSOE que su opinión es «muy marginal» dentro del partido. Y lo es, puesto que en el tiempo transcurrido desde las elecciones generales los socialistas han hecho un viraje mental y argumental para convencerse y convencer de que esta amnistía es el camino hacia la «convivencia» y el «reencuentro». No obstante, el PSOE no saldrá ileso de esta ley, que ya le está provocando un serio desgaste electoral.

Durante los meses de trámite parlamentario, millones de españoles han salido a las calles de toda España para mostrar su rechazo ante una ley que también cuenta con el rechazo de buena parte de la Judicatura, porque la mayoría de juristas creen que no cabe en la Constitución. Se da por descontado que el Tribunal Supremo presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, que en teoría debería suspender su aplicación de inmediato. A ellos, a Manuel Marchena y el resto de los miembros de la Sala de lo Penal del alto tribunal, se dirigió la portavoz de Junts el pasado jueves, amenazante, para advertirles de que si no aplican la amnistía estarán prevaricando.

Nogueras hizo estas declaraciones después de que Gonzalo Boye dictara al PSOE los últimos cambios en el articulado de la ley. El abogado del expresidente catalán fugado es el ideólogo de todos ellos, en coordinación con el equipo jurídico de Esquerra. En especial, de la supresión del Código Penal como fuente de Derecho para determinar los delitos de terrorismo: la ley se remite únicamente a la directiva europea contra el terrorismo de 2017.

El «bulo» de la Comisión de Venecia

Durante la última semana, los socialistas han utilizado el borrador del informe de la Comisión de Venecia como coartada y pretexto para esas últimas cesiones. Según ellos, se trata de recomendaciones sugeridas por los siete juristas de prestigio que visitaron España a principios de febrero, requeridos por el Senado.

Esa Comisión de Venecia aprobará el informe definitivo en el pleno que desarrollará entre este viernes y el sábado. Aunque el PSOE y sus socios llevan dos semanas proclamando que este órgano consultivo del Consejo Europeo avala la ley de amnistía. Cuando, en realidad, el borrador no opina sobre la constitucionalidad de la norma ni sobre su oportunidad política. Y, por el contrario, sí cuestiona que la amnistía no se apruebe por el procedimiento de reforma de la Constitución y, además, destaca la división social suscitada. Este mismo miércoles, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo volvió a recriminar al Gobierno que haya construido un «bulo» sobre ese borrador.

Los votos contrarios en el Pleno de este jueves serán 172. Los del PP, Vox, UPN y, en esta ocasión, también Coalición Canaria, a pesar de que el partido insular apoyó la investidura de Sánchez. Durante el debate es muy probable que los portavoces de Junts y ERC reiteren que esta amnistía no es el final de nada, sino el comienzo de otra fase: la de la autodeterminación. No en vano, ya lo adelantaron el jueves de la semana pasada, justo después de que la ley de amnistía fuese aprobada en la Comisión de Justicia. Ese mismo día, el secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que la intención de Puigdemont es volver a España en julio, después de ser reelegido eurodiputado en las elecciones del 9 de junio.

Queda por concretar cuándo se producirá la reunión entre Sánchez y Puigdemont que servirá como guinda al pastel. Esa foto fue una de las exigencias de Junts, y el presidente del Gobierno accedió el pasado mes de diciembre. Entonces dijo que el encuentro se produciría una vez aprobada la ley, y después de este jueves aún no lo estará.

Camino del Senado

Porque queda que vaya al Senado y vuelva al Congreso a finales de mayo (eso esperan los socialistas). Lo más inmediato será conocer el informe que el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha pedido a los letrados para que corroboren que la Mesa del Senado no puede inadmitir una proposición de ley aprobada por el Congreso, como lleva meses pidiendo Vox.

Según el Reglamento de la Cámara Alta, y como ha contado El Debate con anterioridad, no está entre las funciones de la Mesa calificar un proyecto o proposición de ley previamente aprobado por el Congreso. El órgano presidido por Rollán solo puede remitirla a la comisión del ramo y abrir un plazo de enmiendas.

La Mesa del Senado también ha pedido un dictamen al Consejo General del Poder Judicial, que el órgano de gobierno de los jueces aprobará en su Pleno del jueves de la próxima semana. Como los vocales no se han puesto de acuerdo, en este momento hay dos informes: uno del vocal conservador Wenceslao Olea, según el cual la amnistía es inconstitucional; y otro de la vocal progresista Mar Cabrejas, quien opina que la Carta Magna no prohíbe la medida de gracia. El Pleno se decantará, previsiblemente, por el de Olea.

Aunque el PP dilate la tramitación de la ley en el Senado y la devuelva sin aprobar, nada podrá impedir que Sánchez y sus socios la aprueben nuevamente en el Congreso y sea publicada en el BOE. Entonces será el turno de los jueces, que son los que deberán aplicarla.