El separatismo catalán mira hacia el referéndum consciente de que la amnistía no será automática por el 'cortafuegos' de Europa

El seis de septiembre de 2017, el Parlament de Cataluña con el respaldo de Junts, ERC y la CUP aprobó la denominada Ley del Referéndum. En ausencia de Ciudadanos, el PSC y el PP, el entonces presidente Carles Puigdemont y sus consejeros firmaron el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación que se celebró el 1-O. El procés llegaba a uno de sus hitos más relevantes que, en lo jurídico, se tradujo en la declaración de inconstitucionalidad de la norma decretada por el TC, sobre la mesa.

Siete años después, pese a los indultos concedidos a los principales condenados de aquella maniobra soberanista contraria a nuestra Carta Magna y con la amnistía en tramitación parlamentaria, tras ser aprobada por la mayoría del Congreso, los separatistas vuelven a poner su mirada en el viejo mantra de la vía unilateral, esta vez pactada. Son conscientes de la necesidad de sortear los escollos de que la polémica norma de borrado penal del procés, incluso si llegase a declararse legal, no tendrá una aplicación automática para sus destinatarios. La cuestión prejudicial europea, e incluso la propia cuestión de inconstitucionalidad en clave nacional, son un importante 'cortafuegos' para la impunidad «total e inmediata» del secesionismo.

No en vano, las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en último término, y tras la entrada en vigor de la anmistía, será competente para declarar la conformidad del texto al marco del Derecho Comunitario –o no–, tardan una media de 18 meses en producirse. Un año y medio inasumible para Carles Puigdemont, y el resto de prófugos de la Justicia, que aspira a presentarse como candidato de Junts a las próximas elecciones catalanas, aún a riesgo de ser detenido en nuestro país y con la disolución de la Eurocámara cada vez más cerca. Tampoco para los republicanos de Oriol Junqueras parece un plazo razonable ya que, en pleno adelanto electoral en Cataluña, aspiran a arrebatar el liderazgo de la autodeterminación a sus rivales políticos directos y, con ello, recuperar el control del Gobierno autonómico y sus presupuestos.

La «validación democrática» pactada

En realidad, está todo escrito desde el comienzo de la primera legislatura de Pedro Sánchez. El acuerdo del 2 de enero de 2020, que suscribió el líder de los socialistas con ERC para garantizarse su primera investidura, se plasmó en un documento titulado «Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya para la resolución del conflicto político».

En dicho documento, ambas partes acordaban superar la «judicialización» de lo que calificaron como un «conflicto de naturaleza política en relación al futuro» de Cataluña. Pero, además, se comprometían a constituir una «mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos», a la mayor brevedad; y, también, a una consulta futura: «Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político», rezaba aquel escrito que hoy cobra plena vigencia.

Es decir, se abría la puerta a articular nuevos «mecanismos» para encajar esa posible «consulta pactada» en nuestro ordenamiento jurídico. La clave, en ese caso, estaría en el Tribunal Constitucional, que en junio de 2010 anuló los artículos, íntegros, del Estatut separatista, último intento palpable de recoger la hipotética consulta soberanista por escrito. Así las cosas, cualquier fórmula prevista para ello tendrá que ser validada por el TC. De ahí las prisas de Sánchez por controlar el órgano de garantías y consumar el cambio del Pleno a una mayoría de izquierdas y sensible a la causa independentista.

Las maniobras de Conde-Pumpido

No es casualidad, en este sentido, que el Gobierno eligiese como piloto de la Corte de Garantías un perfil como el de Cándido Conde-Pumpido, quien maniobró como fiscal general a favor de aquel Estatut recurrido; y, como una de sus dos candidatos, en la última renovación, a una jurista de la cantera del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, la hasta entonces desconocida Laura Díez. De hecho, dicho Consejo ya emitió un dictamen en el que avaló por unanimidad la ley que Pere Aragonès se sacó de la manga para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25 % del castellano en las aulas.

Con estos movimientos, Sánchez se aseguró, por adelantado, que el TC de mayoría izquierdista no fuese un escollo ante cualquier escenario: luz verde a la constitucionalidad de Ley de Amnistía o visto bueno a la «consulta pactada». Sea cual sea la fórmula para volver a poner las urnas en Cataluña, después de las próximas autonómicas del 12 de mayo, no podrá ser un referéndum de autodeterminación con todas las letras.

No en vano, ello obligaría a Sánchez a impulsar una reforma agravada de la Constitución, al afectar al Título preliminar, artículos 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado»; y, dos: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Esto supondría, disolver las Cortes, convocar elecciones –algo sobre lo que los socialistas, aún sin presupuestos, no quieren ni oír hablar– y que el Congreso y el Senado aprobaran la reforma por mayoría de dos tercios, algo que resulta imposible estando la absoluta de la Cámara Alta en manos del PP. La continuidad de la actual legislatura impone, por lo tanto, más allá de la voluntad política del PSOE, la necesidad de una solución jurídica creativa, y legal, que permita consumar el referéndum separatista.