Juristas coinciden en que la amnistía «no es inmune» a las directivas europeas contra la malversación y el terrorismo

La amnistía pactada entre el PSOE y Junts, a cambio de los siete votos del partido de Carles Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez, no es «inmune frente al incumplimiento de las directivas» europeas «sobre malversación y sobre terrorismo». «Las modificaciones en ambos tipos de delitos», transnacionales, «no han mejorado un ápice la ley» en términos de «cumplimiento», asegura un grupo de expertos juristas.

En la misma semana en la que la norma ha recibido el varapalo de la Comisión de Venecia y el de los letrados del Senado, donde se encuentra para la segunda fase de su aprobación, la Plataforma Cívica para una Justicia Independiente ha publicado la segunda versión de su Guía para la Presentación de Cuestiones Prejudiciales donde, además de recoger pautas para aquellos jueces que consideren suspender los efectos de su aplicación, formula importantes críticas al resultado final de las enmiendas del texto avalado por la mayoría del Congreso.

La Guía recoge el dictamen de la Comisión de Venecia en lo relativo al artículo 4 de la Proposición de Ley de la Amnistía, que trató de blindar su aplicación, obligando a que «los jueces tengan que levantar medidas pese a la interposición de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

«Es el juez el que ha de levantar las medidas y, por tanto, si plantea antes de hacerlo un cuestión sobre ese mismo artículo 4, no las levantará», augura. La Comisión de Venecia «ya ha dicho en su informe que no se puede obligar al juez a levantar las medidas cautelares», por ejemplo, «antes de decidir sobre la amnistía» y, «precisamente las cuestiones prejudiciales suspenden dicha decisión», subrayan desde la plataforma de juristas dirigida por Francisco Sosa Wagner y el magistrado Jesús Villegas.

Además, la Guía se hace eco de las conclusiones del órgano consultivo del Consejo de Europa, también, en lo relativo al análisis de si los fines pretendidos con la aprobación de la Ley de Amnistía –la supuesta «pacificación social»– «se están llevando a cabo por medios adecuados como la tramitación urgente» por la vía de la Proposición de Ley del grupo parlamentario socialista, frente al Proyecto de Ley del Gobierno que, «habría sido lo aconsejable».

No en vano, la opción elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de evitar «la existencia de informes técnicos» contrarios al texto que, sin embargo, se han ido conociendo en los últimos días. Tampoco «se ha previsto la necesidad de concitar una mayoría parlamentaria cualificada» como «habría sido recomendable para una ley de este calado», reflexionan desde la Plataforma para la Independencia Judicial.

Una suerte de «deficiencias» en la «técnica legislativa»– a las que apunta la ponencia del vocal Wenceslao Olea, que recibirá el aval mayoritario en el Pleno del CGPJ, convocado este mismo jueves– que han de «canalizarse por la vía del control de los actos discrecionales a través del control de los hechos determinantes», sostienen los autores de la Guía. Se trata de «una técnica clásica de Derecho Público para impedir que la discrecionalidad del legislador derive en una arbitrariedad del mismo», explica a El Debate el magistrado Jaime Lozano.