El PP desmonta la maniobra de García Ortiz para evitar que el Consejo Fiscal informe al Senado sobre la amnistía

La polémica negativa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a promover un informe del Consejo Fiscal sobre la constitucionalidad de la amnistía, a petición de la Mesa del Senado, podría tener las horas contadas. El grupo parlamentario popular ha remitido un nuevo escrito al presidente de la Mesa de la Cámara Alta, Pedro Rollán, desmontando los argumentos del titular del Ministerio Público para evitar pronunciarse sobre el texto de la norma. El documento, firmado por la portavoz de los populares, Alicia García, tiene como objetivo recabar una tercera posición técnica sobre la norma, durante la fase de

presentación de enmiendas y propuestas de veto, o, en todo caso, dentro del plazo con el Senado cuenta para la tramitación de la misma.

La formación de Alberto Núñez Feijòo, con mayoría absoluta en el Senado, ha reflejado en el documento registrado este mismo martes cómo el Fiscal General del Estado se negó a la redacción de dicho informe alegando la existencia de impedimentos legales, al tratarse de una Proposición de Ley y no de un Proyecto de Ley.

Sin embargo, el PP ha puesto de manifiesto que tales impedimentos legales no existen en este caso, ya que el Ministerio Fiscal no es un órgano consultivo del Gobierno y que el informe relativo a los proyectos legislativos es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del mismo Ministerio Fiscal. Buena prueba de ello es el hecho de que tanto los letrados públicos de la Cámara Alta como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sí han atendido la solicitud formulada por la Presidencia del Senado.

«La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal y menciona expresamente la actuación del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones» recoge el texto del Grupo Popular. Asimismo, la nota destaca que es en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) donde se establece «el deber de la institución de colaborar con las Cortes Generales a requerimiento de éstas, siempre que no exista un obstáculo legal».

En todo caso, el «impedimento legal debe estar previsto de manera expresa en una ley, lo que no ocurre», apuntan los populares. Al mismo tiempo, recuerdan: «El Consejo Fiscal actúa como órgano propio con competencia específica y no como asesor de quien tiene encomendada la función de dirigir el Ministerio Fiscal en su conjunto y parece evidente que no existen dichos impedimentos legales».

En definitiva, "ninguna norma condiciona la relación entre el Ministerio Fiscal y las Cortes Generales y ninguna disposición establece la prohibición de esta colaboración en materia de informes pre legislativos, máxime cuando contribuye a afianzar las garantías democráticas propias del Estado de Derecho, de acuerdo con los estándares de la Unión Europea y el Consejo de Europa”, afirma la dirigente popular Alicia García, por lo que insiste en solicitar en nombre de su grupo, la colaboración del Consejo Fiscal para elaborar dicho informe.

Deber de cooperación institucional

El PP ha subrayado, también, que el Ministerio Fiscal «habría de intervenir» en los procedimientos que eventualmente podrían suscitarse, bien ante el Tribunal Constitucional, bien en el ámbito de la Unión Europea mediante cuestiones prejudiciales por lo que le atañe, de manera directa, un posicionamiento que garantice, en todo caso, la legalidad de la amnistía.

No en vano, fue el propio presidente del Senado, Pedro Rollán quien, cumpliendo con su función de velar por los derechos de los senadores, valoró «la conveniencia de contar con esa opinión experta» del Consejo Fiscal para que la Cámara pueda conformar de manera adecuada su voluntad en un tema que afecta directamente a las competencias del órgano al que se dirige su solicitud.

La portavoz popular, Alicia García, ha añadido también las conclusiones de la Comisión de Venecia tras constatar que el fiscal general había rechazado la solicitud de la Mesa del Senado. «El informe de este órgano europeo es rotundo en este sentido y señala que las consultas significativas deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista», ha explicado.

Cabe recordar que fueron varios los vocales del CF quienes denunciaron que con su posición, García Ortiz había hurtado –y no por primera vez– competencias propias de su máximo órgano de consulta. De hecho, varios consejeros apuntaron a que su superior les «sustrajo» la información relativa a la solicitud parlamentaria, antes de la celebración del último Pleno del año 2023 y pese a que siete miembros electos, de los doce que conforman el Consejo, ya habían instado un pronunciamiento, sin éxito, sobre los planes de borrado penal del procés del Gobierno socialista.