Sánchez gobernará por decreto para sortear al Congreso y planea al menos 149 este año

Pedro Sánchez va a gobernar este año por decreto para esquivar al Congreso y enmascarar su precariedad parlamentaria, porque la coalición gubernamental suma solo 148 escaños. Ni siquiera podrá gobernar por real decreto ley, porque estos tienen que ser convalidados por el Congreso a los 30 días para no decaer; sino directamente por real decreto, de los que no necesitan el plácet posterior de la Cámara Baja. Y, por tanto, tampoco negociación con ERC, Junts, el PNV, Bildu, el BNG y Coalición Canaria.

El Gobierno aprobó este martes su Plan Anual Normativo para 2024, que contiene una previsión de las leyes orgánicas, leyes ordinarias y reales decretos de todos los ministerios que pretende aprobar hasta diciembre. El de este año incluye 198 iniciativas. De ellas, 149 son reales decretos, que tienen rango de reglamento y solo necesitan pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación. El Parlamento no interviene para nada. Es decir, los decretos copan el 75 % del Plan, tres de cada cuatro iniciativas. En el Plan Anual Normativo de 2023, la proporción era del 33 %, una de cada tres.

En 2023, la proporción de decretos era de un tercio; en 2024 será de tres cuartos

Del resto de esas 198, seis son leyes orgánicas y 43 son leyes ordinarias. Para la aprobación de leyes orgánicas, el Gobierno necesita mayoría absoluta en el Congreso, 176 escaños (el ejemplo más reciente es el de la ley de amnistía). Para las leyes orgánicas le basta con mayoría simple, más síes que noes. No obstante, más de la mitad de las iniciativas contenidas en esta hoja de ruta legislativa para 2024 son compromisos con la UE: 36 forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesarias para seguir recibiendo fondos europeos; y 62 son transposiciones de directivas europeas al ordenamiento jurídico español.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, adelantó algunas de esas leyes futuras tras la reunión del Consejo de Ministros, aunque el Gobierno aún no ha dado a conocer la lista entera. El Plan incluye una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya contó El Debate, en plena instrucción del caso PSOE en la Audiencia Nacional. También una Ley de Juventud y otra para la protección de los menores en los entornos digitales. Además de la Ley de Industria, la del Cine, la Ley para la Transformación de la Administración Pública, la ley de trata, la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección frente a la Violencia de Género y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

La estrategia del Gobierno para no caer en la parálisis legislativa por culpa de su raquitismo parlamentario será llevar al Congreso leyes que «deberían generar un consenso muy amplio», según fuentes gubernamentales. En otras palabras: leyes a las que, a priori, a sus socios parlamentarios les sea difícil decir que no. Como, por ejemplo, una ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad, que es otra de las que figuran en el Plan Anual Normativo. «Este Plan refleja el compromiso renovado del Ejecutivo con una agenda legislativa progresista con la que España siga avanzando cada día», resumió Bolaños.

La renuncia a los Presupuestos de 2024

El Gobierno ya dio muestras de su debilidad el miércoles de la semana pasada, cuando anunció su renuncia a presentar los Presupuestos Generales de 2024 apenas horas después de conocerse la convocatoria electoral en Cataluña. El presidente sabía de antemano que Junts y ERC no le iban a aprobar las cuentas públicas en plena batalla electoral y no quiso darles la satisfacción de derrotarle. Presentar los Presupuestos es una obligación recogida en la Constitución, no una opción. Sin embargo, la presidente y su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda le restaron importancia.

Este año, el Gobierno ya ha aprobado por decreto la subida del SMI, becas, una reforma del IRPF y el cine a dos euros para mayores

En lo que va de año, el Gobierno ya ha aprobado por decreto la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros en 14 pagas; la convocatoria de becas para este curso por valor de 2.535 millones de euros; y una modificación del reglamento del IRPF, entre otras decisiones. Sin ir más lejos, en el Consejo de Ministros de este martes utilizó un decreto para dar curso a nuevas subvenciones a los cines para que los mayores de 65 años tengan entradas por dos euros los martes.

En el Plan Anual Normativo no están recogidos los reales decretos ley, ni en el de este año ni en el de ningún otro. Porque se supone que el Gobierno solo ha de utilizarlos en casos de extraordinaria y urgente necesidad y que, por lo tanto, no se puede hacer una previsión. La legislatura pasada, el Consejo de Ministros usó y abusó de esta figura, entre quejas recurrentes de sus socios y de la oposición. Aprobó 96, un récord en democracia (y no solo por la pandemia).

En esta legislatura, la intención de Sánchez también era tirar de decretos ley, hasta que salió escaldado del Pleno que debía convalidar los tres primeros, en enero. Los socialistas lograron salvar dos, pero a cambio de pactar con Junts la cesión de competencias a Cataluña en materia de inmigración, entre otras cuestiones. El tercero, el de la reforma del subsidio de desempleo, cayó derrotado por venganza de Podemos contra Yolanda Díaz y fue derogado.

«Vamos a intentarlo», sostienen desde el Gobierno cuando se les pregunta si serán capaces de gobernar 28 escaños por encima de sus posibilidades; que son los que al PSOE y Sumar les faltan para la mayoría absoluta.