Doble silencio de Marlaska a la solicitud de escolta del CGPJ para el juez que investiga a Puigdemont por traición

«Les corresponde a los Mossos de Esquadra», era la respuesta no oficial recibida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la petición cursada al Ministerio del Interior por el juez instructor del caso Voloh, Joaquín Aguirre, que investiga las derivadas rusas del procés como un presunto delito de alta traición de Carles Puigdemont. Cómo van a escoltarme miembros de un cuerpo policial el mando de un Gobierno en el que algunos de sus altos cargos están en la instrucción de la causa, se preguntaba el juez Aguirre en una seguna misiva al Consejo en la que rechazaba esta opción. El doble silencio de Fernando Grande-Marlaska ha provocado un profundo malestar en el seno del máximo órgano de la Magistratura apenas unos días después de que el juez de Barcelona recibiese un falso paquete bomba en su despacho.

El magistrado Aguirre «lleva un tiempo» pidiendo que se le adjudique protección oficial según confirman a El Debate fuentes de toda solvencia pero, sin embargo, fue la llegada de una bolsa que simulaba ser una carga explosiva y contenía un temporizador eléctrico el detonante de la solicitud formal del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital Condal para que se le asignase una 'sombra' de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

Sin embargo, desde Interior no se han pronunciado al respecto y, de manera indirecta, han dado a entender que los protocolos vigentes en la materia adjudican la posibilidad de la cobertura a los agentes de las policías autonómicas de haberlas en el caso concreto, en éste los Mossos. Una solución que no ha convencido al juez Aguirre, quien también investiga el caso Negreira, celoso de proteger de filtraciones las pesquisas en curso contra diferentes miembros del separatismo catalán que gestiona, políticamente, desde el Govern, al cuerpo policial.

No en vano, tras recibir el artefacto, finalmente simulado, que logró sortear el control de rayos X por el que pasa toda la correspondencia que llega a los jueces en las dependencias judiciales, ubicadas en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, y que su secretario judicial llegase a abrir el envoltorio que lo contenía, el magistrado no se fía.

Desde entonces y hasta la fecha, pese al doble intento del juez Aguirre quien a través del canal establecido, el Consejo General del Poder Judicial, para instar a Interior que le asigne escolta, la cartera de Marlaska no han movido ficha aunque Joaquín Aguirre es uno de los jueces más señalado por el independentismo catalán radical en los últimos meses. Y, en el CGPJ no dan crédito al «silencio institucional» del Ministerio del Interior que no ha cursado «ninguna respuesta» a las dos cartas remitidas por el juez a través del órgano correspondiente.

Fuentes judiciales han apuntado a este periódico su máxima preocupación por la inacción del Gobierno ante las amenazas al magistrado Aguirre y se muestran sorprendidas al constatar que ni goza de protección oficial de ningún tipo, ni parece que haya intención alguna de resolverlo. En especial, cuando el juez de Barcelona continúa al frente de varias causas judiciales muy mediáticas, entre ellas la instrucción de las conexiones rusas de Puigdemont durante el 1-O, que le han situado en el foco de las críticas abiertas del separatismo, tras los pactos para la amnistía que reconocen el lawfare.