Los cuatro casos que acorralan a Begoña Gómez por los que el juez puede llamarla a declarar

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido denunciada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por sus labores de intermediación con varios empresarios. Muchos de los asuntos por los que la mujer de Sánchez va a tener que dar explicaciones, en el caso de que el juez la llame a declarar, han sido desvelados en exclusiva por El Debate. A continuación, vamos a repasar algunos de ellos.

La primera vez que la mujer de Sánchez apareció vinculada a una trama de corrupción fue con el caso Koldo, donde se investiga el pago de comisiones ilegales de contratos adjudicados durante la pandemia. Fue aquí donde trascendió que Begoña Gómez se había reunido en numerosas ocasiones con Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia (desde donde se gestiona Air Europa). Justo después de esas reuniones, el Ejecutivo aprobó inyectar 475 millones de euros en forma de rescate a la compañía aérea.

Este caso, que comenzó salpicando al exministro José Luis Ábalos, ha acabado afectando a numerosos miembros del Gobierno como Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, o Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Además, después de las reuniones que la mujer de Sánchez tuvo con Hidalgo, la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que dirige en la Universidad Complutense (UCM), comenzó a recibir paquetes de patrocinio de Air Europa.

En ese mismo periodo, en plena pandemia del coronavirus, la mujer del presidente del Gobierno redactó un escrito recomendando a Carlos Barrabés, su amigo y empresario, para que el Ministerio de Economía le adjudicara dos contratos de 10,2 millones de euros a la UTE que acababa de confirmar con la consultora Innova Next, de su propiedad. Tras recibir los técnicos la carta de la mujer de Sánchez, la mesa de contratación acordó adjudicar a Barrabés los contratos. A día de hoy, los empresarios que participaron en esos concursos denuncian que el conglomerado usó documentación falsificada para hacerse con los contratos.

El Debate publicó que, a raíz del aval de Begoña Gómez a la UTE, las dos compañías que la conformaban comenzaron a recibir un reguero de contratos públicos que ascendió hasta los 15,6 millones de euros. Estos contratos fueron adjudicados desde diversos organismos públicos dependientes a su vez de hasta seis ministerios. Antes de que Begoña Gómez redactara esa carta, estas empresas apenas contrataba con el Estado. A parte de los contratos también se le inyectaron ayudas públicas en forma de subvenciones.

Este periódico también ha publicado que el Gobierno, a través de un Consejo de Ministros, acordó dar luz verde a un paquete de ayudas destinadas a proyectos medioambientales del que se acabó beneficiando directamente la mujer de Sánchez. La ayuda, de 96.397 euros, fue otorgada a la plataforma G-100, donde la mujer de Sánchez siringe un proyecto demográfico que lucha contra la despoblación. La presentación de ese proyecto fue patrocinado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Begoña Gómez lo presentó delante de un logo del Gobierno de España.

De la misma manera, en el caso de que el juez acuerde llamar a la mujer de Sánchez, tendrá que dar explicaciones sobre los cinco contratos que el Gobierno ha adjudicado a la consultora Inmark por 138.000 euros siendo ella accionista de la empresa en el momento en el que los expedientes fueron firmados. En estos momentos, la causa judicial abierta contra Begoña Gómez se encuentra bajo secreto de sumario. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, decidirá en los próximos días si la llama o no a declarar.