El fiscal general se enfrenta al Consejo más crítico de su mandato con la amnistía y la polémica de las filtraciones sobre la mesa

Hasta en cuatro ocasiones, los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), en el Consejo de la Carrera, solicitaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentarse a debatir sobre la constitucionalidad de la proposición de Ley de Amnistía, que implicará el borrado penal del procés, como les pide el Senado. Hasta en cuatro ocasiones García Ortiz recurrió al silencio o a razones de falta de competencia para evitarlo, hasta hoy. El máximo órgano consultivo del Ministerio Público se reúne este jueves, en Pleno ordinario, y en su orden del día ha incuido, de manera expresa, la deliberación de sus miembros acerca del borrador de informe planteado por los seis consejeros de la AF, el pasado 8 de abril.

La cita llega para Álvaro García Ortiz, y para su número dos Ángesles Sánchez Conde, en uno de los momentos más críticos desde que llegase al cargo, en 2020. García Ortiz no sólo «ha perdido el respeto y la credibilidad» de la Carrera, profundamente molesta por el «descrédito» en el que ha sumido a la institución con sus decisiones de mayor calado político. Además, se enfrentará a los representantes electos de los fiscales de base tras la polémica sobre el papel de la Filscalía en el asunto de las filtraciones de datos personales del novio de Díaz Ayuso que, este mismo martes, llevaba a su número dos a enfrentarse a una cúpula fiscal en la que 15 de sus 32 miembros encuentran indicios de delito.

No será pues, un Consejo cualquiera para un, cada vez más cuestionado y comprometido fiscal general que ha tratado, por todos los medios, de evitar que prospere la querella planteada por la pareja de la presidenta madrileña contra dos de sus fiscales, el responsable de Delitos Económicos en Madrid, Julián Salto, y la jefa Provincial de la circunscripción, Pilar Rodríguez. En el fondo del asunto, sin embargo, muchas incógnitas que apuntan a la intervención de la Fiscalía General en las órdenes dadas y el reconocimiento público de su propia «responsabilidad última» desde un punto de vista institucional que, cada vez, cobra más visos de penalidad.

A Álvaro García Ortiz se le agota el crédito del que ha venido disfrutando, no sin más de una decena de peticiones de «dimisión» a sus espaldas en los cuatro años, divididos en dos mandatos, que lleva al frente de la Fiscalía española. Fuentes fiscales consultadas por El Debate avanzan que la reunión de hoy comportará uno de los mayores reveses visibles de la Carrera a su posición «progubernamental». No en vano, su «falta de voluntad» real en modificar la regulación actual del Ministerio para garantizar que sea una institución independiente del Ejecutivo de turno y en su fuero interno, al mismo tiempo, llevó a una de las asociaciones profesionales (APIF) a levantarse de la mesa de trabajo recientemente conformada para la reforma de su Estatuto Orgánico.

García Ortiz ya no puede «seguir hurtando» por más tiempo a los consejeros las competencias orgánicas que asegura no tener porque «corresponden al Consejo» para dar la espalda a pronunciarse sobre la Amnistía. Como tampoco podrá evitar dar explicaciones sobre uno de los escándalos más comprometidos para la Fiscalía en los últimos tiempos, y han sido muchas las polémicas, tras divulgar datos personales, contenidos en el marco de una negociación para un pacto de conformidad, de un particular investigado.

Una cuestión que no está, todavía, exenta de avanzar en los tribunales como no lo está el hecho de que la AF esté dispuesta a que la Justicia intervenga si el fiscal general se mantiene en su negativa de pronunciarse sobre la Amnistía frente a la voluntad y el criterio mayoritario del Consejo.