Una quincena de escándalos salpican la gestión del fiscal general dentro y fuera de los tribunales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantiene un tenso pulso con los fiscales, en especial en el seno del Consejo Fiscal, pese a las numerosas críticas internas recibidas por su gestión durante los más de tres años que acumula al frente del cargo. García Ortiz «ha perdido cualquier prestigio profesional» a lo largo de sus dos etapas de mandato: la primera, tras ser elegido para reemplazar a su amiga y mentora Dolores Delgado y, la segunda, una vez confirmado en su puesto por el actual Gobierno pese a la «inidioneidad» declarada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante todo este tiempo, el fiscal general ha enfrentado más de una quincena de escándalos, algunos de ellos todavía pendientes de resolverse en los tribunales. Un escenario que «compromete, gravemente, la credibilidad de la institución», apuntan desde la Carrera, y que complica su continuidad al frente de la cúpula del Ministerio Público.

Las maniobras contra el fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, durante la etapa de García Ortiz como teniente fiscal de Dolores Delgado; el cambio de criterio de la Fiscalía para dejar de investigar a los autores intelectuales del secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco que, además, implicó la apertura, sin pruebas, de un doble expediente al fiscal Vicente González Mota, inicialmente encargado del caso; el ascenso de Dolores Delgado, anulado por «desviación de poder» del fiscal general en el Supremo,; la triple negativa de García Ortiz a que el Consejo Fiscal confeccione un informe técnico sobre la amnistía, tal y como le pide el Senado, que ha sido desafiada por seis vocales de la Asociación mayoritaria (AF) con un dictamen propio; o, el silencio del titular del Ministerio Público sobre las acusaciones de lawfare dirigidas a los fiscales, en el marco de la Ley de Amnistía pactada entre el Gobierno y los separatistas de Junts y ERC, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, han puesto en entredicho la independencia y la imparcialidad del máximo responsable de la institución que debe velar por el cumplimiento de la legalidad, en España.

A todo lo anterior, además, hay que sumar el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, que está siendo revisado por la Sala Tercera del Supremo y que, a partir del próximo día 30 de abril, fecha fijada para la deliberación de los magistrados, podría quedar nuevamente anulado. También pendiente en el Alto Tribunal, la admisión de la querella presentada contra García Ortiz por el Partido Popular, al hilo de su presunta prevaricación, por el primer ascenso anulado de su predecesora en el cargo.

Por esta última razón, de manera principal aunque no exclusiva, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha formalizado un recurso contra el decreto del Consejo de Ministros socialista que confirmó la reelección del fiscal general para el cargo. En el escrito registrado ante el TS, que El Debate adelantó en primicia, la entidad asociativa solicita la nulidad de la segunda designación de García Ortiz como titular del Ministerio Público apoyándose en su marcado perfil «progubernamental».

Las órdenes de García Ortiz en materia de interpretación de la reforma penal de la Ley del 'sólo sí es sí' que vincularon a los fiscales, a modo de directiva, para no apoyar las rebajas de las condenas favorables a los agresores sexuales y pederastas de este país que, una a una, fueron desmontadas por los diferentes tribunales de Justicia, provocaron un profundísimo malestar en el seno de la Fiscalía.

Como lo hizo el inexplicable cambio de criterio, conocido por la cúpula de la Carrera, en la interpretación del terrorismo de la causa de Tsunami Democrátic, contra el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia Española, Carles Puigdemont, tras las elecciones generales del pasado 23-J. Por una parte, en la Audiencia Nacional, con la intervención directa del fiscal jefe del órgano jurisdiccional, Jesús Alonso, y el fiscal titular del caso, Miguel Ángel Carballo. A este último García Ortiz le ha premiado, en las últimas convocatorias para cubrir vacantes en el seno de la Fiscalía, con la plaza de jefe de Ciudad Real manteniéndole al mismo tiempo como responsable del Ministerio Público en el procedimiento de instrucción abierto por el magistrado Manuel García-Castellón.

En el caso del Tribunal Supremo, que aceptó asumir la investigación de la misma causa por terrorismo contra los aforados –el propio Carles Puigdemont y el diputado de ERC, también fugado a Suiza, Ruben Wagensberg– las maniobras de García Ortiz comprometieron, no sólo, el informe inicial de más de 63 páginas confeccionado por el fiscal encargado del caso, Álvaro Redondo (quien llegaría a modificar el sentido del mismo, en menos de 48 horas, tras una llamada de su superior);

sino que, además, significó entregar el dictamen final a su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, con un enfoque contrario a la posición de 13 de los 15 fiscales de Sección que votaron por mantener las pesquisas por terrorismo en Tsunami.

La polémica más reciente en el haber del fiscal general, sin embargo, le sitúa en las órdenes directas a la Fiscalía Provincial de Madrid para emitir un comunicado oficial en el que se revelaron datos confidenciales de un particular, el novio de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la investigación penal abierta a éste por un presunto delito tributario. La rotunda negativa de la superior madrileña a abordar dicho encargo, obligó a García Ortiz a dirigirse a una instancia inferior que fue la que, finalmente, asumió como propio el contenido de la nota confeccionado en la Fiscalía General y distribuyó la misma a través de su oficina de prensa.

Así las cosas, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la Carrera y en el Pleno del Consejo Fiscal, que ha solicitado en varias ocasiones la «inmediata dimisión» de García Ortiz, ya ha advertido de que velará por el cumplimiento de los estándares de independencia necesarios para que la institución se armonice con el resto de los países miembros de la Unión Europea, tal y como se nos exige desde hace varios años ya. Y lo ha hecho en el marco de la mesa de trabajo iniciada por el fiscal general para abordar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio (EOMF) que, sin embargo, controlará a través de la coordinación de su Secretaría Técnica.