García Ortiz tensa el Supremo con el «disparate jurídico» de recusar a los magistrados que decidirán si continúa en el cargo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido iniciar una huida hacia adelante con varias intervenciones en medios de comunicación para defender su gestión tras ser reprobado por el Senado y recibir, en los últimos días, dos importantes varapalos judiciales en sendos asuntos que comprometen gravemente sus decisiones más recientes. Por una parte, la admisión de la querella interpuesta contra la Fiscalía de Madrid por el novio de Isabel Díaz Ayuso, que su teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde trató de frenar por todos los medios; y, por otra, la orden del Supremo de revocar el nombramiento de su precedesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática, al entender que hurtó competencias propias del Consejo Fiscal durante el proceso.

En un tercer frente abierto, que podría suponer la nulidad de su renovación en el cargo durante la actual legislatura, si prospera el recurso planteado ante el Supremo por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), García Ortiz ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. Su decisión de recusar a cuatro de los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Alto Tribunal que deben decidir sobre su continuidad, ha suscitado todo tipo de críticas entre los miembros de la judicatura y de la Carrera Fiscal que consideran un «auténtico disparate jurídico, impropio de un fiscal general».

«Un grave error, a la desesperada, fruto de una estrategia que demuestra un profundo funcionamiento del Supremo», apostillan algunas de las fuentes consultadas por El Debate. «Eso sí que es lawfare», añadían quienes consideran, desde hace ya un tiempo, que el fiscal general ha «perdido cualquier ápice de autoridad» dentro de la Carrera. «Si, como puede suceder, el Supremo rechazara apartar a los cuatro magistrados» señalados por García Ortiz, y «además de imponerle costas, le condena por temeridad, tendría muy difícil aguantar al frente del Ministerio Público», advierten.

Y es que, «la causa subjetiva de abstención o recusación» prevista en nuestro ordenamiento por enemistad manifiesta «sólo puede proceder de relaciones extraprocesales», explican varios expertos consultados por este diario. Y, «las posibles razones por falta de imparcialidad objetiva» de los magistrados que han de tomar una decisión concreta, se contempla «si es que hubieran conocido en fases procesales previas del mismo asunto» no distintos, como en este caso. El fiscal general «parece haber obviado que se trata de asuntos distintos, con sujetos activos y pasivos diferentes; y, objetos procesales (que es la cuestión a decidir), totalmente diversos», añaden.

Más allá de una mera lectura técnica, en la que no parece haber lugar a discusiones, la maniobra de García Ortiz «sólo busca confundir a la opinión pública arrojando sombras de sospecha sobre los magistrados del Supremo» que tienen que decidir en un asunto que le afecta de manera directa a él. «Una vieja táctica de distracción» que no favorece, en nada, la ya de por sí «desgastada imagen» de un fiscal general que «ha quedado desautorizado».

Cabe recordar que el informe preceptivo, pero no vinculante, que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la «inidoneidad» de García Ortiz para ocupar la máxima responsabilidad en la cúspide de una institución que está llamada a velar por el cumplimiento de la legalidad en España.