La Audiencia Nacional admite que el Gobierno popular de Baleares se persone como perjudicado en el caso PSOE

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado, en un auto que se ha notificado este mismo viernes, el recurso planteado por la Abogacía de las Islas Baleares, durante el actual Gobierno del Partido Popular, para que se tenga por personado como acusación particular al Servicio de Salud de esta comunidad autónoma en la causa en la que se investigan varios delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones irregulares, por la venta de mascarillas durante la pandemia. Se trata del denominado caso PSOE o caso Koldo, en referencia al asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que presuntamente fue el facilitador de los contactos entre la empresa proveedora –Soluciones de Gestión– y las diferentes Administraciones socialistas salpicadas por la supuesta trama.

En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Ana Revuelta, la Sección Segunda revoca la decisión del Juzgado Central de Instrucción 2, que instruye este procedimiento, en la que se había denegado la personación al Servicio de Salud de Illes Balears dado que el expediente de contrato de las mascarillas se había financiado con cargo a fondos de la Unión Europea.

Sin embargo, ahora, la Sala explica que, tal y como pone de manifiesto la documentación aportada por la entidad recurrente, se ha retirado la cofinanciación del fondo FEDER del expediente, por lo que el gasto que ascendió a 3,7 millones de euros, finalmente, lo ha efectuado esta comunidad autónoma, tras pagar el importe de las dos facturas a la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por el suministro del material. Un material que, de acuerdo con los documentos obrantes en el sumario, no alcanzó la calidad necesaria para su «uso hospitalario» como se requería en el contrato de urgencia habilitado por el anterior Govern, encabezado por la socialista Francina Armengol.

Con posterioridad, el Departamento competente que dirige el vicepresidente popular Antoni Costa ejecutó una descertificación de fondos Feder, un paso que su Consejería de Sanidad justifica en la aplicación de protocolos antifraude y que ha permitido a los miembros del Tribunal, aceptar el recurso presentado en contra de las dos decisiones previas del juez instructor Ismael Moreno quien, antes de darse la nueva situación, entendía que el perjudicado, en todo caso, sería Europa, al afectar al erario de la UE.

«Este Tribunal entiende que el Servicio de Salud de la Comunidad de las Islas Baleares ostenta la cualidad de perjudicado por el daño patrimonial que pudiera haberse irrogado por los delitos que se investigan, sin perjuicio de los que resulte finalmente de la investigación», concluyen los miembros de la Sala Penal. Una habilitación que, desde ahora, dará acceso al Gobierno balear de Marga Prohens a la documentación de la causa y le permitirá solicitar las diligencias y pruebas que considere oportunas.