El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la presentación sobre la transformación digital de la Fiscalía
Revelación de Secretos
El juez avala a la fiscal purgada que quiso investigar la filtración sobre el novio de Ayuso y ya apunta a García Ortiz
El magistrado instructor del TSJM ha solicitado a la Fiscalía Provincial que identifique, en un máximo de 15 días, a quienes tuvieron acceso a los datos secretos contenidos en los e-mails divulgados
La decisión del instructor designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Francisco José Goyena, de obligar a la Fiscalía Provincial de Madrid que indique, en un plazo máximo de quince días, «quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer pública» la nota en la que se revelaron datos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, ha supuesto un aval a la posición que defendió, hasta el punto de activar el artículo 27 del Estatuto (EOMF) de la Junta de Sala del Supremo, la fiscal inicialmente encargada del caso, la purgada María de la O Silva.
De la O, junto con su supervisor Carlos Ruiz Alegría y un total de hasta 13 fiscales del Alto Tribunal, consideraban que en la querella presentada por González Amador había suficientes «indicios delictivos» para investigar lo ocurrido con el polémico comunicado que, sin embargo, la número dos de la Fiscalía General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, trató que se archivase de plano.
No en vano, quizás Sánchez Conde era consciente de que en las primeras pesquisas del magistrado Goyena, adelantadas en primicia por El Debate, en el auto en el que abre diligencias preliminares contra los dos fiscales querellados –Pilar Rodríguez y Julián Salto– ya se apuntaría directamente, como ha terminado por suceder, a la figura de «máximo rango» de la Carrera, el fiscal general Álvaro García Ortiz, aforado ante el Tribunal Supremo, como «último responsable» de acordar o dar el «visto bueno a la decisión de difundir» la versión definitiva del comunicado.
El juez instructor ha pedido a la Fiscalía Provincial que le remita «relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de D. Alberto González Amador, con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público» el comunicado.
Igualmente, el magistrado quiere que el Departamento de la fiscal formalmente investigada, Pilar Rodríguez, confirme «a qué personas y miembros del Ministerio Fiscal» se ha dado acceso «o han dispuesto de copia del soporte» de dichas comunicaciones confidenciales, antes y después de la divulgación de la nota.
Y, que se le detalle, qué previsiones legales se han adoptado por parte de la Fiscalía, dirigidas a sus miembros y a la «plantilla de funcionarios con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado documentos y soportes qué contengan datos personales» de un particular. Un aspecto, en el que se requiere, «en su caso de la intervención del Delegado de Protección de Datos» del Ministerio Fiscal.
En el auto adelantado por El Debate,el magistrado instructor entiende que debieron desarrollarse «actuaciones», por parte del Ministerio Fiscal «como Responsable del Tratamiento de los datos personales de D. Alberto González Amador como consecuencia de la violación de seguridad consistente en la distribución pública» de los soportes físicos y telemáticos que contenían el detalle de su expediente tributario.
Por todo ello, quiere saber, además, si desde que se produjo la filtración «se ha dirigido a los medios de comunicación y periodistas que han procedido a la publicación de los anteriores datos personales procedentes de la violación de seguridad padecida por el Ministerio Fiscal como responsable del tratamiento, para que cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales».
Cabe recordar que, de acuerdo a la versión dada por el propio García Ortiz en varias entrevista recientes, con el polémico comunicado se buscaba aclarar la actuación del Ministerio Público en las negociaciones iniciadas entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, para alcanzar un pacto de conformidad en la causa tributaria que pesa sobre el empresario. Y que, para ello, se detallaron fechas, horas y frases entrecomilladas recogidas en el intercambio de correos electrónicos entre el abogado y el representante del Ministerio Público.
Así las cosas, ahora, el TSJM ha instado varias diligencias que podrían poner de manifiesto la intervención directa del fiscal general en los hechos que se investigan como un presunto delito de revelación de secretos.
