García Ortiz «enfanga» la Fiscalía con un nuevo nombramiento contra la mayoría del Consejo y pese a los reveses del Supremo

El mismo día en el que el Supremo ha rechazado por «extemporáneo» e «inconsistente» el «artificio procesal» del fiscal general del Estado para apartar a cuatro de los magistrados del Alto Tribunal que tendrán que decidir sobre su reelección para el cargo, Álvaro García Ortiz ha sido consciente de que se enfrentará a un nuevo recurso contra su último nombramiento de este miércoles que, además, tendrán que resolver esos mismos jueces a los que no considera imparciales. Será la cuarta impugnación que se presente contra sus elecciones de candidatos, en tan sólo un año.

La designación a favor de la fiscal Isabel Rodríguez Mateo como titular de la plaza Togada de la Sala de lo Militar del Supremo que fue anulada para Dolores Delgado, por la «desviación de poder» en la que incurrió el fiscal general al promover el ascenso de su predecesora, ha suscitado una nueva polémica en el seno de la institución que «acabará judicializada», avanzan a El Debate fuentes próximas al Consejo Fiscal. «No era necesario continuar enfangando, todavía más, la Fiscalía» con esta «trifulca», lamentan las mismas fuentes.

No en vano, este mismo miércoles, el titular del Ministerio Público autorizaba una nueva «votación innecesaria» en el seno del Consejo convocado para cubrir la citada vacante, pese a la férrea oposición de un total de siete vocales electos del Pleno que se han negado –seis de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) y uno, abstenido, de la Asociación Profesional e Independiente (APIF)– y la petición expresa del candidato mejor valorado en la anterior ocasión, por número de votos, el fiscal Luis Rueda quien, además, recurrió el ascenso de Delgado y lo ganó.

Cabe recordar que el Supremo anuló en 2023, la designación de Dolores Delgado como titular de la Sala de lo Militar –por la «falta de motivación suficiente» en la que incurrió el fiscal general del Estado al proponerla– y obligaba al FGE a retrotraer las actuaciones pero al momento inmediatamente anterior a formalizar su propuesta de candidata. Es aquí, precisamente, donde tanto los vocales de la AF, como el representante de la APIF en el Consejo y el fiscal perjudicado por la elección de Delgado han denunciado la maniobra de García Ortiz para apoyar, ahora, a la fiscal Rodríguez Mateo.

La sentencia dictada por la Sala Tercera del Alto Tribunal no dispuso «en modo alguno» que debiese de celebrarse un nuevo cónclave para que los vocales del CF «emitan una valoración, informe o votación» de los mismos veinte candidatos que optaron, y han optado, a esa plaza ya que, de acuerdo con las bases del concurso, Delgado no podía renunciar a la misma. Dicho fallo «no ponía en duda, en ningún caso, que esa valoración ya efectuada en el Consejo Fiscal correspondiente por los vocales fuese correcta», han denunciado desde la Asociación de Fiscales.

Llegados a este punto, lo que correspondía a Álvaro García Ortiz era «proponer un candidato», como hizo ante un escenario idéntico con el fiscal de Menores. Y podrían haberse dado hasta tres opciones diferentes: reiterar a Dolores Delgado, aunque con fundamentos diferentes a los declarados nulos en su momento; optar por el candidato mejor valorado por los vocales y con mayor número de votos recibidos, Luis Rueda; o, inclinarse por un tercero, aunque éste no hubiese obtenido ningún apoyo.

En su lugar, el fiscal general del Estado, «ha obligado a una nueva votación por parte de los vocales para permitir que los dos miembros de la UPF dirijan sus votos a una candidata diferente de Dolores Delgado» a quien «ya no interesa este puesto sino que se ha concentrado en defender su permanencia en la plaza de Memoria Democrática» que, también, ha deshecho el Supremo.

El Alto Tribunal se reunirá, en próximas fechas, para deliberar sobre el recurso presentado por la APIF contra el decreto de nombramiento del Gobierno al propio García Ortiz para que continuase en el cargo, tras sus dos primeros años de mandato. Son varios los reveses que acumula el fiscal general ante la Sala Tercera por las irregularidades administrativas en las que ha incurrido durante ese tiempo y, pese a ello, continúa adoptando posiciones muy criticadas no sólo en sede judicial sino por la mayoría de los miembros de la Carrera que han pedido, sin éxito, en numerosas ocasiones, su «inmediata dimisión».