Por qué a nadie le interesa que Bruselas publique su informe sobre la amnistía antes de las elecciones

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la polémica ley de amnistía que ampara los sucesos acontecidos en Cataluña en el contexto del procés independentista. Hasta este momento, cualquier conversación que se mantuviera en Bruselas sobre este asunto era extraoficial, ya que la Comisión Europea no podía tomar parte hasta que la norma fuese formal. Ya lo es y ahora será cuando el Ejecutivo comunitario entre a evaluar en el asunto, ya sea para restarle importancia o para recurrir la ley a la Justicia europea.

El pasado mes de noviembre, durante las negociaciones de investidura, centenares de ciudadanos escribieron a la Comisión Europea reclamando ayuda ante lo que podía pasar. Fue entonces cuando el comisario de Justicia Didier Reynders envió una carta al Gobierno español pidiendo información sobre la amnistía que estaban tramitando a través de 15 preguntas que todavía hoy se desconocen.

El ministro Bolaños le restó importancia, aseguró que en Bruselas había «cero preocupación» con la amnistía, algo que Reynders corrió a desmentir. La nueva ley iba a ser estudiada con detenimiento y se tomarían medidas si lo consideraban oportuno. Desde entonces, en noviembre de 2023, los servicios jurídicos de la Comisión trabajan sobre el borrador de la norma.

Es por este motivo por el que no se espera que tarden demasiado en emitir un veredicto sobre la polémica ley. Sin embargo, hay otros factores externos que pueden retrasar la publicación del informe, como por ejemplo el contexto electoral en el que se encuentra inmersa Europa.

El próximo 9 de junio, los ciudadanos están llamados a las urnas y lo que decidiera la Comisión sobre la amnistía no afectaría en ningún caso al resultado electoral en 26 Estados, pero marcaría claramente lo que suceda en España. Por eso no sería raro que durante esta semana nadie en los pasillos de Bruselas hable del informe de la amnistía y que vea la luz después de los comicios, o incluso en el mes de julio.

Diga lo que diga la Comisión, las miradas se dirigirán a Ursula von der Leyen. Si los servicios jurídicos estipulan que la amnistía es acorde a las leyes europeas, supondría un golpe para la derecha y un aval para Pedro Sánchez. Si, por el contrario, Bruselas determina que la ley aprobada por el Gobierno debe ser recurrida a la Justicia europea, la derecha recibiría la noticia con aplausos mientras Sánchez se llevaría un varapalo.

En cualquiera de los dos escenarios, Von der Leyen saldría perjudicada si el informe se hace público antes de las elecciones. Porque si favorece a Sánchez, su partido (el Partido Popular Europeo) saldría damnificado en las urnas y, si perjudica al presidente del Gobierno, este no tendría demasiadas ganas de apoyarla cuando el Consejo Europeo tenga que elegir un candidato para presidir la Comisión.