Page se asesora para recurrir la ley de amnistía ante el TC: «Es una agresión al concepto de igualdad»
Lo ha anunciado un día después de que se aprobara definitivamente la polémica norma en el Congreso
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que va a solicitar al Consejo Consultivo un informe preceptivo para conocer las posibilidades del Gobierno regional para recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, sumándose con ello a las comunidades gobernadas por el PP, que, cuando ayer se aprobó de forma definitiva la polémica norma, anunciaron que utilizarían todos los medios a su alcance para frenarla.
«Esta semana vamos a proceder desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a solicitar al Consejo Consultivo, que es el Consejo de Estado de nuestra región (...), vamos a solicitarle el informe preceptivo al que obliga la ley con la esperanza de que ese informe indague con claridad, con independencia y con normalidad constitucional cuáles son las posibilidades para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga lógicamente en el Tribunal Constitucional», ha expresado el líder regional durante su discurso en el acto institucional con motivo del Día de Castilla-La Mancha.
«Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría, limpiamente, independientemente de la opinión que puedan tener, que esa duda que se puede tener quede despejada. Esas son las normas y las reglas del juego y son las que pretendo defender, por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés», ha manifestado.
Para el presidente castellanomanchego, la amnistía no es «una victoria» como defendía ayer el independentismo en el Congreso, «Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero tengo que decir que el perdón no se contrata. Se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje», ha afirmado. Y ha asegurado además que tiene la «obligación» de «velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, afecta a los intereses» de su región.