La amnistía pone rumbo a lo desconocido con la Judicatura enfrente y la legislatura en vilo

Un 30 de mayo como ayer, pero de hace seis años, Pedro Sánchez ultimaba el discurso que pronunciaría al día siguiente en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y que incluía esta frase: «Señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular. No se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción».

Este jueves, por el contrario, Sánchez calló –ni siquiera estuvo en el debate– mientras eran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal quienes le acusaban de cometer la peor de las corrupciones políticas. «Advertimos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y ha llegado. Ahora se cierne una sombra de sospecha de corrupción económica, y no solo política, sobre el Gobierno, sobre el partido y sobre la familia del presidente. No sabemos si van a amnistiar también a sus ministros, a sus propios familiares o si el señor Sánchez tiene intención de autoamnistiarse», señaló el líder de Vox, tirando un hilo imaginario entre la amnistía y el caso PSOE, que es también el caso Begoña.

El BOE de este viernes no publicará la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que es así como la bautizaron los socialistas en noviembre. Tampoco el del sábado. Se hará esperar al menos una semana, e incluso puede que hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio.

Porque, antes, la norma debe ser publicada en el Boletín Oficial de las Cortes; porque el Rey Felipe VI tiene que sancionarla y este viernes viaja a El Salvador para asistir a la toma de posesión de Nayib Bukele; y, sobre todo: porque la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, que depende del ministro Félix Bolaños, tiene el mandato de revisar cada palabra del articulado para evitar que después tenga que haber correcciones. Según explican fuentes parlamentarias, es ya de por sí una ley de aplicación incierta y compleja, que afecta a personas condenadas y a otras que no han sido juzgadas, como para correr más riesgos.

Tan incierta que, este mismo jueves, en paralelo a su aprobación por 177 votos a favor y 172 en contra, los cuatro fiscales del juicio al procés que llevó a cabo el Tribunal Supremo coincidieron en que la norma no puede aplicarse al delito de malversación, uno de los que pesa sobre Carles Puigdemont. Así se lo trasladaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una reunión a la que les convocó.

«La convivencia se abre camino», se felicitó Sánchez en su cuenta de la red X, que es el único sitio en donde se pronunció en todo el día. Le respondió el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès: «Tenemos la amnistía. Como prometimos. Y también tendremos el referendo».

Es evidente que la ley va a toparse con muchas resistencias. La oposición y la Judicatura velan armas a la espera de que entre en vigor (el mismo día en que se publique en el BOE) y puedan mover ficha.

Cascada de recursos ante el TC

Políticamente, el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, aunque Feijóo ha expresado en infinidad de ocasiones las pocas esperanzas que tiene puestas en la institución que preside Cándido Conde Pumpido. Vox no puede presentar recursos de inconstitucionalidad esta legislatura porque no llega a los 50 diputados necesarios. A mayores, la mayoría de las comunidades presididas por el PP (si no todas) también batallarán ante el Constitucional. Este jueves lo adelantaron la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Baleares y la Región de Murcia. Los presidentes Alfonso Fernández Mañueco y Jorge Azcón hablaron de «atropello».

Judicialmente, se espera que en cuanto esté en vigor el Tribunal Supremo y otros tribunales con causas relacionadas con el procés presenten cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE. Ello debería paralizar la aplicación hasta que el TJUE se pronuncie sobre si la norma entra o no en colisión con el derecho comunitario, y para unificar criterio. Aunque, ¿en qué sentido lo hará? La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se jactó este jueves durante el Pleno de que el TJUE «siempre nos ha dado la razón».

«El TJUE lo que puede hacer es una interpretación del Derecho de la Unión. El TJUE en ningún caso va a anular esa ley ni ninguna norma nacional salvo que la Comisión Europea decidiese impugnarla, que no parece. El TJUE hará una interpretación y será el Tribunal Supremo el que después deba deducir las consecuencias», explica el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra Andrés Betancor. Coautor, junto a otros juristas, del libro La amnistía: el caballo de Troya de la democracia.

Durante el enésimo y último debate parlamentario sobre la ley, Feijóo auguró: «La legislatura empieza y puede acabar aquí, con la amnistía». Porque, si se aplica, Sánchez dejará de ser útil para los independentistas; y, si no, querrán pasarle la factura, argumentó el líder de la oposición.

La entrada en vigor de la ley de amnistía, las cuestiones prejudiciales, los recursos ante el Constitucional y demás reacciones va a coincidir con las negociaciones de Salvador Illa para ser investido presidente de la Generalitat. Más madera. Los socialistas creen tener bajo control a Puigdemont mientras la norma no se aplique en toda su plenitud. Pero es que poco puede hacer ya Sánchez por el prófugo, porque la ley ya no está en la pantalla política. Y el indulto no sería un plan B para él, puesto que no ha sido juzgado ni condenado.

En cualquier caso, ¿qué margen tendría Puigdemont para dinamitarlo todo? Solo hay dos formas de poner fin a la legislatura: o que Sánchez convocara elecciones o que Feijóo presentara una moción de censura apoyada por Vox y Junts. Puigdemont puede retirar su apoyo parlamentario al Gobierno, pero eso no significaría su caída automática. En este primer medio año de legislatura, el presidente ya ha dado muestras de lo que Felipe González llama «estar en el Gobierno, que no gobernar».