El Supremo condena por cuarta vez a García Ortiz por negar al fiscal Stampa una «copia íntegra» de sus expedientes

en el año 2023, el fiscal Ignacio Stampa solicitó a la Fiscalía General del Estado una «copia testimoniada, íntegra y foliada de todos los expedientes gubernativos incoados» por la Inspección contra él, «entre los años 2012 y 2016, ambos inclusive». Sin embargo, desde la cúpula de la Carrera, se le denegó la petición alegando que una vez «efectuada la consulta en el registro» constaban únicamente «tres expedientes» internos, relacionados con él, de los cuales «ninguno de ellos» se encontraba en tramitación.

Ahora, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón al fiscal, que pleitea contra la falta de transparencia en el marco de las investigaciones internas de la Fiscalía. Un nuevo revés a los responsables del Ministerio Público que decidieron apartar a Stampa de las funciones que ejercía como responsable de la acusación del 'caso Villarejo', en la Audiencia Nacional, precisamente, en base a pesquisas propias que nunca concluyeron en sanción alguna.

En una sentencia dictada por los magistrados Pablo Lucas Murillo (presidente), Luis María Díez-Picazo, María del Pilar Teso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, a la que ha tenido acceso El Debate, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal ha dado la razón «al recurrente» y ha anulado «el decreto» dictado por la Fiscal Jefe Inspectora, «por delegación del fiscal general», en el que se le negaron los documentos solicitados.

Así las cosas, el Supremo obliga, por cuarta vez, a Álvaro García Ortiz a entregar «copia íntegra y certificada de los expedientes gubernativos» que solicitó el fiscal Ignacio Stampa y condena al fiscal general, por tercera vez, al pago de un importe máximo de 3.000 euros en concepto de las costas que se imponen «a la parte cuyas pretensiones sean íntegramente desestimadas».

Este fallo, sin embargo, no resuelve el pleito principal que el fiscal mantiene contra García Ortiz y los máximos responsables del Ministerio Fiscal por maniobrar– presuntamente, prolongando un expediente interno más allá del tiempo necesario, aún siendo conscientes de que resultaría archivado– para que no accediese a una plaza que solicitaba. Pero sí consolida la jurisprudencia del Alto Tribunal y confirma el derecho de los fiscales investigados a tener acceso a la totalidad de los documentos y alegaciones que se dirigen contra ellos.

No en vano, el pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo ya anuló otro decreto de la fiscal jefe de la Inspección, de 7 de julio de 2023, en el que también se le había denegado a Stampa el acceso a las diligencias personales abiertas contra él. Y lo hizo en el mismo sentido en el que ha vuelto a reiterarlo esta vez: «Los miembros de la Carrera Fiscal tienen derecho, en todo momento, a conocer los datos recogidos en su expediente personal. Esta norma es muy clara. Frente a ello no resulta convincente aducir, como hace la Abogada del Estado, que en el expediente personal sólo se anotan las resoluciones sancionadoras».