El PP lleva ante el TSJM el «conflicto de intereses» de Sánchez por los negocios de Begoña Gómez
Los 'populares' han judicializado que el presidente del Gobierno participara en la decisión de conceder ayudas a Air Europa
El PP ha recurrido ante la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses después de que denunciara un «conflicto de intereses» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no inhibirse en los Consejos de Ministros que decidieron ayudas a Globalia (antigua matriz de Air Europa); ya que su mujer tuviera relaciones profesionales con esta empresa, cuyo consejero delegado era Javier Hidalgo.
El pasado mes de marzo los 'populares' presentaron una denuncia en esta entidad del Estado –que depende del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública– en la que solicitaban que se inhabilitara a Sánchez «entre 5 y 10 años» por «no abstenerse» en el rescate de Air Europa, una compañía que «tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez».
Sin embargo, la Oficina de Conflictos de Intereses exculpó al jefe del Gobierno al considerar que «la mujer del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración» con la aerolínea. Además, esta resolución la adelantó la portavoz del PSOE, Esther Peña.
En el mes de abril el PP ya apeló a nivel administrativo –con un recurso de alzada– la decisión de la entidad que depende del Gobierno, y fuentes del PP señalaron que si ese procedimiento se desestimaba el partido se plantearía llevar el caso a los tribunales por la vía contencioso-administrativa ante el TSJM; tal y como ha sucedido.
Así las cosas, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha optado por emplear la vía indirecta, recurriendo ante la sala de lo contencioso-administrativo el archivo de su denuncia, en lugar de llevar directamente a Sánchez a la Justicia, lo que implicaría acudir al Tribunal Supremo, que es donde se dirimiría, de haberla, la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno, según fija el artículo 102 de la Constitución.
Igualmente, el PP interpuso el recurso el pasado mes de mayo, pero este movimiento no ha trascendido hasta que este martes el juez ha citado a declarar a la mujer del presidente del Gobierno en calidad de investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios privados el próximo 5 de julio.