El Poder Judicial se prepara para rechazar los continuos ataques de Pedro Sánchez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y una nutrida representación de los fiscales del Supremo expresarán su rechazo al relato del Gobierno que, en los últimos días –y al hilo de las causas por corrupción que acorralan al entorno más cercano de su presidente, Pedro Sánchez– ha puesto el foco sobre jueces, magistrados y fiscales sugiriendo que algunas de las decisiones adoptadas por estos respondían a «intereses electorales» para favorecer a la derecha política, «a sólo cinco días de celebrarse las elecciones europeas» de este domingo.

Desde la Magistratura y la Carrera Fiscal no ocultan su «preocupación» y el «rechazo» ante laa deriva adoptada por el Ejecutivo socialista que, desde que pactase la amnistia con Junts, a cambio de los siete votos de la formación del prófugo Carles Puigdemont a cambio de la investidura, ha admitido el uso del concepto de lawfare que, en la práctica politica más reciente, hace referencia al «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente».

Por ello, ante la decisión de Sánchez de victimizarse como estrategia electoral y de hacerlo atacandoo a los jueces, en especial, por la doble investigación en curso sobre su propia mujer Begoña Gómez, la Judicatura ha decidido pronunciarse, una vez resueltos, y una vez más, en defensa de su independencia judicial y de la separación de poderes imprescindible en cualquier Estado de Derecho. Así las cosas, el CGPJ ha acordado reunirse de forma extraordinaria este próximo lunes 10 de junio «a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas» de Sánchez y, en concreto, en referencia a la segunda carta a la ciudadanía que emitió el pasado martes el presidente del Gobierno.

Como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, con mucha más frecuencia de la que sería deseable para los profesionales de la Justicia, los vocales del Consejo, en Comisión Permanente, volverán a reiterar que más allá de la «crítica legítima» a las resoluciones judiciales, no cabe señalar a los «jueces concretos» responsables de dictarlas. Máxime cuando los ataques vienen de los miembros de otros poderes del Estado y «sus cabezas visibles» porque esto «erosiona gravemente» la democracia, según apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate.

La segunda carta a la ciudadanía

Sobre la mesa del Consejo, la última y más reciente misiva del jefe del Ejecutivo que llegó el pasado martes, horas después de que su mujer, Begoña Gómez, fuera citada a declarar para el 5 de julio como investigada por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en el sector privado. En la carta, Sánchez sostenía que esta decisión del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa, es «un zafio montaje», y hablaba de una «cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar» a su Gobierno.

«La decisión», expresó en el texto dirigido a la ciudadanía, «se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño». Y añadió: «Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo norma de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones».

Ante la gravedad de dichas manifestaciones, en el seno del CGPJ, máximo órgano de representación de jueces y magistrados en nuestro país, se ha producido un fuerte malestar. No es la primera vez, que en los últimos años, se ha pronunciado sobre cómo «sin independencia judicial no podemos hablar de una verdadera Justicia ni de un verdadero Estado de Derecho, ya que la imparcialidad en la toma de decisiones judiciales presupone la independencia» de los jueces y magistrados llamados a adoptarlas.

Bolaños, contra los fiscales del procés

Sin embargo, no sólo ha sido Sánchez el que ha encabezado la serie de críticas a los miembros del Poder Judicial. Varios de sus ministros han seguido la senda marcada por el líder del Ejecutivo y en las primeras horas después de la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía ya dejaban patente la desconfianza entre el Gobierno y la Judicatura española.

Tras el informe de más de 160 páginas presentado, este jueves, por los cuatro fiscales del procés en el Supremo –Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza– en el que se oponen a amnistiar la malversación cometida por los cabecillas políticos del separatismo catalán, el 1 de octubre de 2017, era el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien mostraba su escepticismo con un documento que «además de consideraciones jurídicas» contiene «opiniones políticas».

Unas declaraciones que, según ha podido saber este diario, no han gustado a los miembros del Ministerio Público que se preparan para condenarlas, a partir de este domingo electoral, en una nota suscrita por un nutrido grupo de miembros del Alto Tribunal. Pero, también, en defensa no sólo de la «legítima y profesional» actuación de sus cuatro compañeros sino, por extensión, de la autonomía e independencia de los fiscales, en general, que durante tanto tiempo se ha venido reclamando por parte de la Carrera, más allá del desprestigio en el que la han sumido las polémicas actuaciones y los constantes escándalos de su máximo exponente, Álvaro García Ortiz.