El fiscal general se autoinculpa en las filtraciones del novio de Ayuso y pide que la causa vaya al Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha querido esperar a que el juez que investiga las filtraciones de datos confidenciales denunciadas por el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tome declaración a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, citada este mismo miércoles. Por ello, ha remitido un escrito al juez Francisco José Goyena, al que ha tenido acceso El Debate, en el que «asume», como ya hiciera antes a nivel institucional, la posible y eventual «responsabilidad» penal por un presunto delito de revelación de secretos y, dada su condición de aforado, insta a que se eleve una exposición motivada a la Sala Segunda del Supremo que, en su caso, será la competente para continuar con el procedimiento.

Consciente de que el cerco sobre él se estrechaba, como adelantó El Debate en exclusiva hace unos días –al hilo de un mensaje de Whatsapp enviado a a propia Lastra, varias llamadas telefónicas al fiscal encargado del procedimiento tributario inicial, Julián Salto, y el rastro de, al menos, un documento Word confeccionado en su oficina de prensa– García Ortiz ha pedido que las pesquisas las asuma el Alto Tribunal y que lo haga directamente contra él, exculpando con ello al resto de los miembros de la carrera imputados hasta el momento. Entre ellas, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez que se había negado en una primera ocasión a facilitar las comunicaciones, supuestamente incriminatorias, en poder de su Departamento.

En el documento registrado, este lunes, por el fiscal general ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), García Ortiz ha optado por autoinculparse en la difusión, a varios medios de comunicación, de los datos confidenciales sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. Una causa en la que el empresario madrileño se querelló contra dos fiscales, de manera directa, y en la que están también personado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Ante la contundencia de los indicios disponibles en manos del juez instructor Goyena y la inminencia de varias testificales y declaraciones que se disponían a facilitar un relato de los hechos que apuntaba hacia él, de manera cada ve más directa, García Ortiz ha respondido al juez –quien había pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que identificase al máximo rango del escalafón tras dicha orden– que el comunicado no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas».

«Como fiscal general reitero que el borrador de nota de prensa difundido por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas», reconoce García Ortiz al tiempo que asume, por tanto, ser «el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión

de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido». Un escenario que modifica las actuales competencias del Tribunal madrileño que, así las cosas, tendrá que inhibirse en favor del Supremo.

Insiste en que no hubo infracción alguna

Sin embargo, el fiscal general que, con esta nueva maniobra trata de evitar que sea el TSJM el que continúe con las pesquisas, sostiene que la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de su servicio de comunicación fue «plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal (art. 4.5 EOMF)».

Motivo por el que García Ortiz descarta que se haya producido ninguna irregularidad. Por supuesto, tampoco, un delito de revelación de secretos: «No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la revelación ya es conocido por todos, pues no es secreto lo que ya es de dominio público».

Y, apunta, sin tapujos, a la parte presuntamente perjudicada: «Debo llamar la atención de que resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos, mientras que el entorno de D. Alberto González Amador —señalado por los citados medios de comunicación como su fuente de información— aparezca únicamente como parte acusadora».

"Ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de

reserva, pues todos los correos electrónicos —no solo los remitidos por el letrado del Sr. González Amador, sino también los enviados por el Ilmo. Sr. Fiscal— habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación", argumento García Ortiz sin esclarecer que es lo que ocupaba al juez Goyena, hasta la fecha, quién los filtró a estos.

«Indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia», afirma el fiscal general en su defensa.